Nicolás Petro enfrenta cargos por corrupción, pero juez niega prisión preventiva

Un juez de control de garantías de Barranquilla negó el pasado viernes 19 de diciembre, la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dentro de un proceso judicial por presuntos hechos de corrupción en el departamento del Atlántico.

La decisión fue adoptada por el juzgado 14 de control de garantías, que concluyó que el procesado no representa un peligro para la sociedad ni existe riesgo de obstrucción a la justicia, razón por la cual desestimó el pedido elevado por la Fiscalía General de la Nación.

Durante la audiencia, el juez acogió también el concepto emitido días atrás por la Procuraduría General de la Nación, que se mostró en desacuerdo con enviar a prisión al exdiputado del Atlántico mientras avanza el proceso judicial.

Este caso es independiente al proceso que enfrenta Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionado con la financiación irregular de la campaña presidencial de su padre, aunque ambos expedientes han puesto al hijo del mandatario en el centro del debate nacional.

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Según la investigación, los hechos materia de este proceso se remontan al año 2021, cuando Petro Burgos, en su calidad de diputado, habría participado junto a su entonces pareja, Day Vásquez, en la presunta manipulación de contratos de la Gobernación del Atlántico a través de la Fundación Consciencia Social.

La Fiscalía sostiene que dichos contratos habrían sido direccionados para beneficiar a personas cercanas, incluyendo amigos y familiares, mediante acuerdos presuntamente irregulares. El monto bajo investigación, de acuerdo con versiones preliminares, superaría los 11.000 millones de pesos.

Por estos hechos, Nicolás Petro fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Sin embargo, el juez consideró que las condiciones actuales no justifican una privación de la libertad.

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