Resumen: La JEP recuperó tres cuerpos en dos fosas clandestinas en zona rural de Carepa, Urabá, tras una intervención forense realizada entre el 10 y el 13 de noviembre. Los hallazgos, ligados a hechos atribuidos a las antiguas Farc-EP, incluyen los restos de dos personas reportadas como desaparecidas en 1994 y 2012, además de un tercer cuerpo sin identificar. Medicina Legal asumió el proceso de identificación para su posterior entrega digna a las familias.
Tres cuerpos que estaban desaparecidos en el Urabá antioqueño fueron recuperados por la JEP en una intervención forense realizada durante cuatro días en zona rural de Carepa, donde se presume que las víctimas fueron enterradas tras ser asesinadas por miembros de las antiguas Farc-EP.
La diligencia se llevó a cabo en la vereda El Cerro, en el corregimiento de Piedras Blancas, un punto ubicado muy cerca de los límites entre Antioquia y Córdoba. Hasta allí llegó el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, luego de analizar información entregada por familiares y por la organización CORPOCODESA, que desde hace años acompaña a comunidades del Urabá en la búsqueda de personas desaparecidas.
El trabajo, desarrollado entre el 10 y el 13 de noviembre, permitió ubicar dos fosas clandestinas en las que permanecían tres cuerpos que habrían sido víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado. La diligencia fue ordenada por la magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del Caso 04, proceso que estudia hechos ocurridos en el Urabá, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.
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De acuerdo con los primeros elementos de la investigación, uno de los cuerpos correspondería a José Antonio Góez, desaparecido en 2012. Su familia acompañó el procedimiento e indicó el punto exacto donde podría haber sido enterrado, además de entregar muestras para la identificación. Otro de los cuerpos sería el de Euclides Úsuga, quien desapareció cuando era menor de edad en 1994. En la misma fosa donde se halló a Úsuga fue encontrado un tercer cuerpo cuya identidad no ha podido ser determinada.
Las exhumaciones contaron con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y del Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad que ahora adelanta los análisis de identificación. Cuando se confirmen plenamente los perfiles de las víctimas, los restos serán entregados de forma digna a sus familias, con lo que se cierra una parte de la incertidumbre que han cargado durante décadas.
Según la JEP, estos hallazgos representan un avance importante en el esclarecimiento de los hechos registrados en el Urabá y aportan a la reconstrucción de la verdad que reclaman las víctimas del conflicto.
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