Corte Suprema pide investigar al presidente Petro por presunta financiación irregular en su campaña de 2022

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó este miércoles 8 de octubre a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrir una investigación contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la consulta presidencial interna del Pacto Histórico, realizada el 13 de marzo de 2022.

La solicitud se conoció un día después de que la Corte ordenara enviar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la propia Comisión de Acusación, con el propósito de esclarecer si existieron inconsistencias en los reportes de gastos de las campañas de 2022.

De acuerdo con el informe, la Corte busca establecer si hubo violaciones a los topes de financiación y errores en la contabilidad electoral, especialmente en los contratos relacionados con el transporte aéreo de candidatos y equipos de campaña.

En el proceso también figuran Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro; y Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud, quien coordinó la campaña legislativa del Pacto Histórico.

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Según los hallazgos, el entonces precandidato Petro habría realizado 27 desplazamientos aéreos, equivalentes a 72 horas de vuelo, que no fueron reportados como gastos de campaña presidencial.

Estos trayectos se habrían incluido dentro de los gastos del Pacto Histórico al Senado, lo que habría evitado la superación de los topes legales de financiación.

Las facturas por los servicios, contratados por más de $2.324 millones, se habrían dividido en dos: una por $1.215 millones a nombre de la campaña al Senado y otra por un monto similar correspondiente a la consulta presidencial.

Sin embargo, en varios de esos vuelos presuntamente no viajaron los candidatos al Congreso, sino el propio Petro junto a su esquema de seguridad y familiares.

La Corte sostiene que este manejo habría inducido en error al CNE, que reconoció la reposición de gastos con base en información presuntamente alterada.

La Comisión de Acusación, competente para investigar al presidente de la República, deberá analizar los documentos remitidos y definir si procede o no una indagación formal contra Gustavo Petro y los funcionarios involucrados.

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