La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a la Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, Miriam Margoth Martínez Díaz, tras comprobar la ocurrencia de irregularidades relacionadas con la adjudicación de la concesión para la administración, operación y mantenimiento integral del relleno sanitario ‘Doña Juana’, llevada a cabo los días 13 y 14 de septiembre de 2010.

La Procuraduría estableció que en desarrollo de la audiencia de adjudicación, la directora de la UAESP no dio a conocer la evaluación y la asignación del puntaje de la oferta económica, como tampoco dio traslado de esta oferta al comité asesor evaluador para la respectiva verificación y evaluación.
Durante la audiencia de adjudicación, la Directora de la UAESP omitió manifestar y dejar constancia de los criterios por los cuales se hizo la calificación de la propuesta habilitada para otorgar el puntaje parcial y total de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones de la licitación.
Así mismo, se demostró que no otorgó la palabra a los representantes de los oferentes un término de cinco minutos para que se pronunciaran sobre la evaluación de la oferta económica, tal como se estableció en el pliego de condiciones, para efectos de controvertir la decisión del Comité.
De igual forma, el Ministerio Público señaló que la señora Martínez Díaz no dio a conocer a los oferentes, con la debida antelación el borrador del acto administrativo de adjudicación del proceso de licitación y no dio lectura del borrador de dicho documento en la audiencia pública de adjudicación.
La señora Martínez Díaz adjudicó la concesión inobservando las reglas y procedimientos previstos en el pliego de condiciones, puntualizó el Órgano de Control Disciplinario.
En la determinación disciplinaria el Ministerio Público exoneró de responsabilidad a la señora Miriam Margoth Martínez Díaz y a los integrantes del Comité Asesor y Evaluador de la Licitación, Gerardo Enrique Cuenca Melo, Director Operativo de la UAESP; María Elena Taborda Alayón, Directora Jurídica; Benjamín Herrera Barbosa, Masazumi Alejandro Chávez Watanabe y Luís Augusto Cabrera Leal, Asesores Externos, investigados por falsedad ideológica en documento público.
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