La Juez séptima con Función de Garantías dictó medida de aseguramiento de detención preventiva al excontralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, por el delito de concusión.

El exfuncionario, según la fiscalía es merecedor de la medida al considerar que esta es proporcional y razonable y que además se hace necesaria para que el imputado comparezca durante el proceso que se adelanta en su contra. .
El excontralor será trasladado en las próximas horas a un centro de reclusión, de acuerdo a la decisión de la Juez, quien consideró que debido a su alto cargo, puso en riesgo la credibilidad y la entidad que representaba.
Con esta decisión son asegurados los tres primeros implicados en el llamado ‘carrusel de la contratación del Distrito’, del que son investigados al menos 36 funcionarios, contratistas y empresarios.
Según la providencia del juzgador, Pardo se le negó la reclusión domiciliaria que había solicitado, al argumentar que tiene una hija menor de edad, pero la Jueza indicó que el padre de la niña está en condiciones para cuidarla.
La ex directora del IDU será recluida en las próximas horas en un centro carcelario, se espera que sea conducida al Buen Pastor de Bogotá.
Pardo irá a la cárcel por las irregularidades en la contratación de las obras de la tercera fase de Transmilenio por la calle 26, destinando dineros del Estado a terceras personas. Cómo lo había asegurado la jueza las perdidas serían de 2.2 billones de pesos.
Por su parte, Ivan Cancino, abogado defensor de Moralesrussi, aseguró que no es suficiente las pruebas presentadas por la Fiscalía, que indican que el ex funcionario estaba a cargo del organismo de control.
La medida de aseguramiento también cobijó al ex subdirector técnico de la entidad Inocencio Meléndez por su presunta responsabilidad en el carrusel de la contratación distrital, según lo determinó la juez séptima Penal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá.
La juez avaló la postura del ente acusador, que considera que la gravedad de los delitos, que podría darles hasta 11 y 15 años de prisión, no garantiza su asistencia a las audiencias del proceso que cursa en su contra por el denominado carrusel de contratos del Distrito, por cuanto, a su juicio, es necesario mantenerlos en prisión, aún cuando no tengan antecedente judicial alguno.
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