El sábado anterior, miles de colombianos, incluyéndome, se reunieron en las calles de Colombia unidos bajo un solo clamor: Paz sin impunidad, Paz con justicia y reparación verdadera de las víctimas.

Pablo Andréz Loaiza

Marché para cumplir mi deber como ciudadano, muy al contrario de quienes sostenían que se trataba de un nuevo intento del uribismo por sabotear el proceso de paz. ¿Para qué sabotearlo, además? Él se sabotea solito. La marcha fue producto de un clamor cívico que aglutinó diversos sectores, incluyendo políticos, como el Centro Democrático, pero también de Opción Ciudadana, Partido Conservador y Liberal, sindicatos y agremiaciones; la marcha no tuvo color político ni ánimo alguno de proselitismo electoral.

Marché, no para propender por una guerra sin fin. Todo lo contrario. La marcha representó el fervor colectivo de millones de colombianos que esperan la negociación de una paz verdaderamente estable y duradera bajo la inexorable aplicación de unos mínimos de justicia.

Marché contra el abuso del solemne significado de la paz. En su nombre se compraron conciencias, se abusó de la autoridad, se legitimó la demagogia, se desfiguró la función pública, se mancilló el honor institucional, se derruyó la confianza ciudadana, se derribó la moral militar, se pisoteó la constitución. En su nombre, se guarda silencio cómplice respecto a las tiranías de la región, se olvida adrede la colaboración de estas con quienes pretendemos dialogar, se calla frente a la despiadada persecución política y las agresiones a la población civil.

Marché por el honor de nuestras Fuerzas Militares. Su equiparación con la guerrilla, en virtud del concepto de “Conflicto Armado Interno”, es una afrenta no solo a su honra, sino a la democracia que defienden con gallardía diariamente con sangre, sudor y lágrimas.

Marché por la condena de los cabecillas responsables de delitos de lesa humanidad, atroces y de narcotráfico. No es digno, o verosímil siquiera, concebir que el narcotráfico y el secuestro son conexos al delito político de rebelión. ¿Hay acaso “cocaína fariana”, “cocaína paramilitar” o “cocaína policial y militar”? Y si así lo fuera –irracional, a todas luces-, ¿Por qué solo la “cocaína revolucionaria” producida y distribuida por las Farc debe ser eximida de toda responsabilidad penal?

Y, lo más importante, marché con la esperanza de que este sea el despertar de una nación históricamente aletargada e históricamente maltratada; que este sea el nacimiento de una nueva ciudadanía que vibra por el progreso de la nación y la constitución de un buen gobierno, y no una que gimotea a diario pero que permanece impávida ante las vicisitudes y los abusos. @PabloAndresLB

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Redacción Minuto30

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