En Bucaramanga el 93 por ciento de las aguas residuales no son tratadas antes de su vertimiento a las cuencas hídricas del Río de Oro y el Sogamoso, porque la Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga es propietaria de la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital de Santander.
Así lo denunció el representante a la Cámara Cristian Avendaño, al radicar un proyecto de ley que les prohíbe a las corporaciones autónomas regionales tener la propiedad de empresas de servicios públicos, particularmente de acueducto y alcantarillado, por considerar que no pueden ser las gestoras de la prestación de los servicios y al mismo tiempo ejercer la función de vigilancia, control y sanción de aquellas entidades que contaminen las fuentes hídricas.
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De acuerdo con el congresista, en Bucaramanga y su área metropolitana conviven un millón doscientas mil personas y para ello solo cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, que pos su tamaño no alcanza a cubrir las necesidades de las poblaciones y sus aguas servidas son depositadas en los afluentes que circundan la ciudad.
“Una irregularidad que estarían cometiendo la Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga y otras corporaciones autónomas, es tener la propiedad o mayoría accionaria de empresas de servicios públicos, porque no pueden ser juez y parte, es realmente absurdo, que al mismo tiempo que se encargan de sancionar a quienes contaminan las fuentes hídricas, sean las que contaminen, no pueden ser dueñas ni accionistas de dichas empresas, porque no se van a ato sancionar y mucho menos garantizar que se logre el tratamiento adecuado de las aguas servidas antes de su vertimiento a los afluentes, en este caso el Río de Oro, el Sogamoso y el Magdalena”, explicó el representante Avendaño.
