La Fiscalía General de La Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre varias propiedades que habrían estado al servicio de una red delictiva dedicada al contrabando.
En total fueron seis inmuebles urbanos, cuatro vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio, con un valor superior a los 10 mil millones de pesos, los que fueron ocupados en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Fiscal y Aduanera -POLFA-, en Bogotá.
En las investigaciones se constató que las propiedades afectadas, al parecer, fueron utilizadas para el almacenamiento o comercialización de mercancía que ingresaba de manera ilegal al país por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar). Posteriormente, los cargamentos de contrabando eran trasladados en tractocamiones a bodegas y parques empresariales cerca de Bogotá; y luego distribuidos a zonas de comercio del centro y oriente de la ciudad.
“La Fiscalía estableció que la red delictiva estaría conformada, en su mayoría, por ciudadanos asiáticos, que recibirían apoyo de algunos colombianos para el transporte y venta de los productos a menores precios de los establecidos en el mercado”, informó el ente acusador.
Los bienes ocupados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales -SAE- para su administración.
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