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    En el Consultorio Jurídico Digital, el abogado Mateo Duque Giraldo nos hablará de una herramienta constitucional eficiente para que, por vía judicial, se protejan los Derechos Colectivos cuando estos son vulnerados por particulares que ejercen cierto tipo de actividades económicas o por el Estado.

    Tenga en cuenta que para esto, usted puede acudir a un juez sin necesidad de contar con un Abogado, con la finalidad de que se evite la vulneración a un Derecho Colectivo como el Medio Ambiente Sano o el Espacio Público.

    Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos, para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

    Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato.

    Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez.

    Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.

    Derechos colectivos que usted puede proteger con este mecanismo:

    Medio ambiente sano
    Espacio público.
    Infraestructura eficiente.
    Moralidad administrativa.
    Equilibrio ecológico.
    Patrimonio cultural de la nación.
    Seguridad y salubridad pública.
    Libre competencia.
    Derechos de los consumidores.
    Realización de construcciones ordenadas.



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