Verdades y mentiras del Plebiscito

Por: Rafael Nieto Loaiza

Cinco años del plebiscito y de la victoria épica del No. Hay quienes dicen que recordarlo es anclarse en el pasado y profundizar la polarización y que lo que debemos hacer es “pasar la página”. Esa petición es inaceptable. No se puede olvidar lo ocurrido porque fue muy grave, porque aún sufrimos las consecuencias y porque si no aprendemos las lecciones y corregimos seguiremos inmersos en esta espiral de violencia y corrupción que hoy nos ahoga.

Fue un triunfo contra la mentira. Afirmaron que, como el plebiscito tocaba “temas fundamentales que no podían decidirse solo entre el Gobierno y la guerrilla”, los ciudadanos tendríamos “la palabra final”, que “todos los colombianos decidirían con su voto” y que, en consecuencia, si ganaba el No «se acaba el proceso de paz». La verdad: Santos implementó el pacto a pesar de su derrota. La alegación de que hubo un nuevo acuerdo y que se hicieron las modificaciones pedidas por los líderes del No es falsa. Ninguno de los cambios sustantivos que se plantearon se hizo. El conejazo fue monumental. Para rematar, para implementar el pacto derrotado acudieron a sobornar jueces y congresistas.

Proclamaron que el acuerdo traería “la paz” y que “la guerra en Colombia ha terminado». La verdad: según el Comité Internacional de la Cruz Roja, hoy hay seis conflictos armados que se desarrollan en paralelo. Después corrigieron: no habría paz en general, dijeron, pero sí terminaría el conflicto con las Farc. La verdad: los frentes más involucrados en la minería ilegal y el narcotráfico nunca se desmovilizaron, son las llamadas “disidencias”, y un número sustantivo de desmovilizados se devolvieron al monte, son las “reincidencias”, encabezadas nada más y nada menos que por Iván Márquez, el jefe negociador en la Habana. A mediados del año pasado sumaban ya 4.600 hombres. Dijeron que disminuiría la violencia asesina. La verdad: la tendencia de disminución de los homicidios que venía dándose en Colombia no solo se frenó sino que están aumentando. Este año habrá más asesinatos que en el 2016, cuando se firmó “la paz”.

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Declararon que el pacto significaba un «cambio de paradigma” y un “histórico nuevo enfoque” en materia de lucha contra el narcotráfico. La verdad: hoy tenemos 3 veces más narcocultivos y se produce 4.2 veces más cocaína que antes de la firma del componente de narcotráfico. Sostuvieron que las Farc contribuirían decisivamente en la tarea contra las drogas. La verdad: las Farc no han entregado narcocultivos, ni laboratorios, ni rutas, ni los nombres de sus cómplices, ni los bienes malhabidos. De hecho, el proceso se convirtió en una gigantesca operación de lavado de activos. Y disidencias y reincidencias están dedicadas de lleno al negocio.

Ofrecieron que el «dividendo económico [de la paz] se reflejará en un aumento adicional del PIB de entre 1,1 y 1,9 puntos porcentuales por año, así como en un aumento adicional del 54% del PIB per cápita”. La verdad: no se ven por ningún lado los beneficios económicos porque, como señalé, “la paz” nunca llegó. Pero, en cambio, la implementación de lo acordado, de acuerdo con el Marco Fiscal a Mediano Plazo de 2017, «tendrá un costo de 129,5 billones de pesos constantes de 2016 durante los próximos 15 años”. Los únicos que le han sacado réditos económicos al pacto son las mismas Farc, los burócratas de la JEP y la demás parafernalia institucional creada en el acuerdo, y los contratistas de la «Consejería para la Estabilización”.

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Prometieron verdad, reparación y justicia, no impunidad. La verdad: los criminales de lesa humanidad y de guerra no pagarán un solo día de cárcel, cinco años después no hay nada de verdad ni de justicia ni de penas alternativas, ni una sola sentencia, la JEP no genera confianza, solo mira por el ojo izquierdo y mientras que es complaciente con las Farc se ensaña con los miembros de la Fuerza Pública. Aseguraron que habría reparación para las víctimas. La verdad: la que era la organización mafiosa más poderosa del planeta ofreció entregar dineros y bienes por valor de 150 millones de dólares y solo han entregado efectivamente 10,5 millones, el 7% de lo que reportaron como monetizable. Lo peor es que la JEP y el Gobierno no hicieron absolutamente nada ante el grosero incumplimiento.

Afirmaron que no habría curules gratis para las Farc, que “se las tendrían que ganar”, que, en todo caso, al Congreso no irían los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La verdad: les regalaron diez curules por ocho años y las ocupan los peores criminales, sin haber contado la verdad, sin haberse arrepentido, sin haber reparado a sus víctimas, sin haber siquiera cumplido con alguna “pena alternativa”.

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