Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ha definido como características deseables de un sistema tributario i) la sencillez de administrarlo; ii) la justicia, al tratar diferente a los diversos agentes económicos; iii) la eficiencia, al generar la menor distorsión posible en el aparato productivo; iv) la flexibilidad, entendida como la capacidad de ajustar el sistema a los vaivenes del entorno; y v) la responsabilidad política, para que los ciudadanos sepan qué están pagando.

Mirar el sistema tributario colombiano a la luz de estos principios rectores deja de manifiesto que mientras los sigamos soslayando siempre será vigente hablar de una reforma tributaria. Y ojo, una reforma tributaria no necesariamente implica aumentar los impuestos. Podríamos aprovechar la crisis fiscal que se agravó por la pandemia para corregir lo que hace rato sabemos está mal, alivianar el peso tributario de muchos contribuyentes y aumentar los ingresos del fisco nacional.

Primero, los tributos en Colombia encierran una verdadera maraña de complejidades. A nivel nacional, los más representativos son el impuesto de renta y el IVA -44% y 42% del recaudo total nacional, respectivamente-.

Ambos están llenos de exenciones y distintos tramos tarifarios, lo que dificulta a la DIAN su administración, pero facilita a contribuyentes inescrupulosos la evasión. Cálculos propios con información de la DIAN y del BID indicarían que la evasión, para el caso colombiano, podría superar los $27 billones por año.

Segundo, para nadie es un secreto la desigualdad que existe en nuestro país. Lo peor de todo es que la política fiscal en nada resuelve la situación. Esta debería ser útil para gravar con equidad (más a los que tienen más y menos a los que tienen menos); recaudar más -apenas conseguimos en tributos el 14% de toda la economía, muy inferior a nuestros pares-; y entregarles buenos servicios a los más necesitados, de tal suerte que la acción del Estado mejore su calidad de vida. Sin embargo, datos de la OCDE confirman que la medición de desigualdad por GINI prácticamente no cambia después de impuestos y transferencias para Colombia (0,57: va de 0 a 1; mientras más se acerque a 1, más concentrado está el ingreso).

Tercero, es claro, a lo largo y ancho del país, cómo esta situación tributaria no permite una eficiente asignación de los recursos. Para esto solo centrémonos en la distorsión tan dañina que generan los parafiscales -contribuciones a la nómina- en el mercado laboral, ocasionando una informalidad que bordea el 50%. Esto, al encarecer la contratación formal del trabajador en un 52,9%, según Eduardo Lora, reconocido economista colombiano.

Cuarto, lejos de la recomendación teórica, los tributos del gobierno nacional no “estabilizan automáticamente” nuestra economía, ni en los auges ni en las recesiones. En estos últimos casos el gobierno casi siempre ha hecho uso de mecanismos extraordinarios, tanto de impuestos como de gastos, para que la economía retorne a su senda de crecimiento, o para evitar sencillamente que esta se vuelva más pequeña.

Finalmente, no solo por lo desquiciado que es nuestro sistema tributario, sino tambien por la forma tan equivocada en que elegimos a concejales, diputados y congresistas (sistema proporcional), los contribuyentes poca certeza tenemos de lo que pagamos y de la forma en que se gastan los ingresos en los distintos niveles de gobierno.

Salvo contadas excepciones, quienes hoy están en el Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, representan a todos los habitantes de sus grandes cirucunscripciones y a nadie a la vez.

Los politólogos han dicho que esto rompe el “eslabonamiento político” que debe existir entre representantes y representados. Yo agregaría que además dificulta el apego a una de las más importantes máximas de las democracias liberales: “No a la tributación sin representación”.

@AndresJRendonC

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Redacción Minuto30

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