La urgencia de reducir el Congreso

La situación fiscal del País es apremiante. La deuda cerrará este año en el 66.8% del PIB, el déficit fiscal en el 8.6% y el recaudo que generará la Ley de Inversión Social no será suficiente para estabilizar las finanzas de la Nación. Recuperar el grado de inversión tardará varios años y el próximo Gobierno tendrá que sacar adelante un ajuste estructural en el sistema tributario.

En este contexto, el País no puede seguir destinando $696.882 millones anuales para cubrir los gastos del Congreso. Desde el Estado debe haber un compromiso irrestricto para recortar los gastos de funcionamiento y el legislativo no puede ser la excepción.

Y es que en realidad un congresista le cuesta al País casi $100 millones mensuales, dado que adicional al salario hay otros rubros que se deben asumir en el presupuesto como la Unidad de Trabajo Legislativo, el esquema de seguridad, los tiquetes aéreos y el seguro de vida.

De hecho, por esta misma preocupación es que le propuse al Gobierno que objetara el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules derivadas del proceso de La Habana, una figura que si bien no la contemplaba inicialmente la Constitución fue utilizada en 2012 por el Presidente Santos para evitar la entrada en vigencia de la fallida reforma a la justicia. Acudir a este instrumento, que fue avalado tácitamente en su momento por la Corte Constitucional, le ahorraría al País $18.106 millones al año.

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Ahora bien, además de un importante problema presupuestal, el diseño actual del legislativo genera otras dificultades. Me explico:

En Colombia nuestro Congreso se divide en Cámara de Representantes y Senado de la República. La primera, responde a una circunscripción territorial, lo que significa que a cada Departamento se le asigna un número de parlamentarios proporcional a su población. A mayor número de habitantes, más Representantes.

Por eso es que, por ejemplo, Bogotá, que por ser Distrito Capital tiene representación propia, cuenta con 18 congresistas, Antioquia con 17 y el Valle del Cauca con 13, mientras que Departamentos menos poblados como Arauca o Guaviare solamente tienen 2.

Por su parte, el Senado se elige por circunscripción nacional, lo que quiere decir que los Senadores no respondemos a una lógica territorial, sino a una dinámica de País. Debido a esto, es que los candidatos al Senado son los mismos en San Andrés, Chocó, Caldas o Amazonas, mientras que en la Cámara cada Departamento tiene sus propios aspirantes.

No obstante, este modelo de Senado genera dos grandes problemas. El primero, los costos de las campañas tradicionalmente son más elevados, dado que en vez de concentrarse en una zona puntual los candidatos deben pescar votos en todo el País. El segundo, hay una sobre-representación de algunas regiones en detrimento de otras.

Por ejemplo, mientras que Departamentos como Antioquia, Valle o Atlántico cuentan con una fuerte presencia, los del sur-oriente del País prácticamente no tienen voz ni voto, situación que deriva en que los Gobiernos históricamente priorizan los proyectos de inversión en aquellas zonas con mayor representación en el parlamento y dejan para después las obras en los lugares con menor peso electoral, lo que termina aumentando las brechas de desigualdad en los territorios.

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En Estados Unidos, por mencionar un caso icónico, la Cámara de Representantes tiene una lógica territorial similar a la nuestra, pero en el Senado se le asignan dos curules a cada estado, independientemente de su población, lo cual le otorga la misma relevancia política a los grandes y los pequeños. No importa si California tiene 39.5 millones de habitantes y New Hampshire 1.3 millones, ambos tienen dos Senadores y la misma capacidad de negociación con la Casa Blanca.

Esa es la razón por la cual en el capitolio americano hay 100 Senadores, cifra que imitamos en Colombia pero a medias, haciendo una colcha de retazos donde no adoptamos la lógica que le da sentido a ese número y agregamos curules adicionales para dos minorías, el segundo candidato en votación presidencial y transitoriamente para las Farc.

Si nosotros, por ejemplo, disminuyéramos la Cámara a la mitad, pasando de 172 a 86 Representantes, y estableciéramos un Senado con igual representación por Departamentos, incluyendo Bogotá, como funciona en Estados Unidos, disminuiríamos la composición de esta entidad de 108 a 66 Senadores, generando un ahorro total de 128 congresistas y más de $150.000 millones anuales. Recursos completamente necesarios para destinar a inversión social y pago de la deuda.

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