Al menos 20 supuestos pandilleros fueron detenidos este miércoles en El Salvador en un operativo por el delito de extorsión y privación de libertad, informó un portavoz de la Fiscalía General de la República (FGR).
La fuente indicó que el Ministerio Público giró 27 ordenes de captura a la Sección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil y a la División Contra el Crimen Organizado.
“Con este operativo se están resolviendo nueve casos y se está dando una respuesta a las víctimas que están sufriendo este delito (extorsión)”, acotó el portavoz.
Señaló que los detenidos supuestamente forman parte de la Mara Salvatrucha (MS13), las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18 y a una banda criminal diferente.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe (UNODC-ROPAN), el dinero obtenido mediante amenazas de muerte es una de las principales fuentes de ingresos de las pandillas.
“La extorsión y el tráfico de drogas al menudeo, sobre todo de marihuana y, en una menor medida de cocaína y otros tipos de droga, continúan siendo las principales fuentes ingreso de las pandillas”, dijo a Efe el experto de la UNODC Juan Gómez Hecht en julio pasado.
Añadió que, a raíz del confinamiento por la pandemia de la COVID-19, las pandillas “se han visto impactadas en una disminución considerable” en esta fuente de financiación.
“Esta disminución era predecible al estar cerrados muchos de los negocios que extorsionaban y la disminución de la actividad económica del país”, explicó Gómez.
No obstante, estas bandas “se están adaptando” a la llamada “nueva normalidad”, de acuerdo con Gómez, al ingeniarse “nuevas formas de exigir y cobrar la extorsión”.
La MS13, grupo al que Estados Unidos busca eliminar, y el Barrio 18 poseen unos 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional.
Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.
EFE
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