Una más que se va de Venezuela, Kellogg cesó sus operaciones

Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó hoy el cierre de la estadounidense Kellogg en el país y anunció que pedirá código rojo a la Interpol para sus dueños y accionistas por marcharse de una forma “ilegal”.

“Hoy en Maracay (norte) la empresa Kellogg, en manos de unos inversionistas mexicanos amaneció con las puertas cerradas y les depositaron en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores lo cual es completamente inconstitucional e ilegal”, confirmó Maduro en un acto de campaña en la ciudad de Valencia.

La industria estadounidense informó hoy a sus trabajadores en Venezuela del cese de sus operaciones de manera indefinida debido a la crisis económica por la que pasa el país caribeño, la peor en toda su historia contemporánea.

Maduro señaló hoy que tras ser informado de la decisión de Kellogg inmediatamente dio instrucciones “para que se apoyara a los trabajadores legalmente, logísticamente y la empresa continúe produciendo sus productos para el pueblo de Venezuela sin ningún problema”.

Comentó que envió además a varios ministros para “entregar” la empresa a los asalariados.

Aseguró que Kellogg tomó la decisión hoy porque solo faltan 4 días para las elecciones “y creen que el pueblo se va a asustar”.

El jefe del Ejecutivo, que también es candidato a la reelección el próximo 20 de mayo, anunció que el Gobierno va “a iniciar las acciones judiciales para solicitar el código rojo (de Interpol) para los dueños, accionistas de la empresa Kellog para que paguen en los tribunales”.

Uno de los trabajadores de la empresa que prefirió no ser identificado le confirmó más temprano a Efe el “pago completo de los salarios, beneficios y prestaciones sociales por virtud de la terminación laboral”.

Kellogg se suma a la larga lista que Fedecámaras, la principal patronal de Venezuela, cifra en más de mil empresas que han cerrado o abandonado el país en los últimos 20 años de Gobierno chavista producto de la crisis y los controles del Estado sobre la empresa privada.

EFE