Ueno Bank salpica hasta la casa de Santiago Peña: Fiscalía le cayó a su lujosa propiedad

El caso de Ueno Bank llevó a la Fiscalía de Paraguay hasta la vivienda de verano del expresidente Santiago Peña. Una comitiva del Ministerio Público y de la Policía ingresó al inmueble en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, como parte de la investigación que se adelanta contra el exmandatario por sus presuntos vínculos con la entidad financiera.

El registro se realizó el 8 de noviembre, dos días después de que el Senado lo destituyera por mal desempeño de sus funciones. Peña permanece bajo prisión preventiva en una unidad militar, mientras los investigadores examinan las operaciones que habrían relacionado sus intereses particulares con recursos depositados por instituciones públicas.

La diligencia en la propiedad abrió un nuevo capítulo de una crisis que también golpea a los ahorradores. La intervención del banco dejó congelados recursos de clientes particulares y entidades estatales, entre ellas instituciones que administran pensiones y servicios de salud.

Los préstamos que pusieron la casa bajo la lupa

Uno de los puntos de la investigación es la financiación de la vivienda. Según la imputación del Ministerio Público, Ueno Bank habría concedido a Peña dos préstamos simultáneos en mayo de 2024 por 3.548 millones de guaraníes, destinados a la construcción del inmueble en San Bernardino.

El documento señala que el pago contemplaba cuotas mensuales de 239 millones de guaraníes, una suma equivalente a unas seis veces la remuneración presidencial. La relación entre esos créditos y los recursos que permanecían en el banco forma parte de las preguntas que busca aclarar la Fiscalía.

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Los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore encabezaron el procedimiento. El equipo recorrió las dependencias de la casa para buscar elementos que puedan aportar al expediente, dentro de las actuaciones judiciales abiertas tras la caída del Gobierno de Peña.

Durante el allanamiento también trascendió un posible hallazgo que llamó la atención. De acuerdo con información preliminar publicada por ABC Color, los investigadores habrían encontrado una bóveda oculta detrás de una pared falsa, con un sistema de seguridad que no pudieron abrir de inmediato.

Ese reporte no permite establecer qué habría en su interior. Por ello, el supuesto hallazgo no puede presentarse como prueba de dinero oculto ni de otro contenido que las autoridades no hayan identificado. El registro de la vivienda es una diligencia de investigación y no equivale a una sentencia contra el expresidente.

El caso de Ueno Bank también golpea a los ahorradores

La Fiscalía sostiene que Peña habría intervenido en la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero de entidades públicas y previsionales en el banco. Esas son las actuaciones que examina la justicia, en paralelo con la investigación sobre los préstamos para la propiedad.

El alcance de la crisis financiera va más allá del expediente del exmandatario. Unos 2,94 millones de clientes resultaron afectados por el congelamiento de recursos durante el proceso de resolución de la entidad. Entre las cuentas comprometidas están las de organismos estatales y las de unos 32.000 jubilados.

La situación involucra al Instituto de Previsión Social, que administra pensiones y salud de trabajadores, así como a la represa binacional de Itaipú. Los recursos inmovilizados han alimentado los reclamos de personas que necesitan sus ahorros para cubrir gastos básicos.

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La Iglesia católica pidió la devolución urgente del dinero y sanciones para los responsables. En una homilía en la Basílica de Caacupé, el obispo Ricardo Valenzuela reclamó respuestas para quienes quedaron sin acceso a sus recursos y calificó lo sucedido como un «fraude monumental».

Los maestros del sector público, por su parte, convocaron una protesta para el 9 de noviembre, con el fin de exigir la restitución de fondos de entidades oficiales depositados en Ueno Bank. La movilización representa uno de los primeros retos para Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia tras la destitución de Peña, en medio de las exigencias de los afectados y del avance de las diligencias judiciales.