Colombia
Un taxista aceptó haber retirado diversas sumas que recibió de una empresa bananera a través de transacciones y cheques para, posteriormente, entregarlas a paramilitares de las extintas AUC en Medellín y Apartadó.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo sentencia condenatoria contra Luis Alberto A. J., el taxista que sirvió de intermediario.
El hombre recibía de una comercializadora internacional de banano para hacerle llegar dineros a las extintas Autodefensa Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), entre 1996 y 1999.
En el curso de la investigación, dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se obtuvieron soportes contables, recibos o comprobantes de pago, solicitudes de desembolso, copias de cheques y de extractos
bancarios.
Los documentos daban cuenta de diversas sumas que recibió el transportador de la empresa extranjera por supuestas operaciones comerciales sin sustento.
Asimismo, se estableció que este hombre hacía los respectivos retiros y entregaba periódicamente los recursos en Medellín y Apartadó en la subregión de Urabá a enviados del entonces frente Arlex Hurtado de las ACCU.
Esa era una estructura responsable de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, tráfico de estupefacientes y de armas, entre otras conductas criminales.
Ante las pruebas obtenidas, Luis Alberto A. J., de manera libre y voluntaria, aceptó durante una diligencia de indagatoria su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen y se sometió a sentencia anticipada.
En ese sentido, un juez penal especializado de Antioquia lo condenó a tres años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado y al pago de una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La decisión es de primera instancia y podría ser apelada.
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