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“Trabajen, vagos”: el proyecto de ley que evitaría que docentes salgan a paro

Fecode rechazó el proyecto de ley y lo calificó como una violación a la libertad sindical

aula de clase - Colegio Marymount - paro
Foto ilustrativa.

Este 9 de marzo las congresistas Margarita Restrepo y María Fernanda Cabal radicaron un proyecto de ley que pretende que la educación sea considerada un servicio público esencial, lo que evitaría que docentes ejerzan el derecho a la huelga. Fecode rechazó la iniciativa.

“Fecode se va a quedar sin excusas”: congresistas

Este proyecto de ley que fue llamado “Trabajen, vagos”, modificaría el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo y garantizaría “la continuidad del servicio educativo para los niños y jóvenes en Colombia”, al mismo tiempo que impediría que los docentes puedan protestar y salir a paro.

El argumento de las congresistas es que “en los últimos 4 años” jornadas de paro afectaron al “35 % de los estudiantes del país” que “vieron comprometido su derecho fundamental a la educación por falta de continuidad del servicio”.

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Por lo que, de acuerdo con Restrepo y Cabal dejaría a Fecode “sin excusas, les va a tocar trabajar, porque primero son los niños”.

“Tendrían que modificar primero la Constitución Política”: Fecode

Minuto30 se contactó con Fecode para saber su opinión sobre el proyecto de ley y su secretario de Relaciones Internacionales, Ómar Arango, en representación de la Federación, aseveró que la iniciativa pretende prohibir el derecho a la asociación (art. 38 C.P.) y la libertad sindical, protegida en el país.

Asimismo, de acuerdo con Arango, el proyecto de ley anularía los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ratificados por Colombia.

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Fecode está analizando el proyecto de ley y rechazó que “se limite el derecho de asociación sindical y que se limite el derecho a la huelga, a la protesta civilizada tal como lo contempla la Constitución Política”.

Cabe recordar que el derecho a la huelga está consagrado en el artículo 56 de la Constitución donde se establece que este no está garantizado en los servicios públicos esenciales, como la banca central, el transporte, las telecomunicaciones, la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo; y los servicios públicos domiciliarios.

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