directora de la Misión de Observación Electoral

Históricamente Colombia ha sido un país que se acostumbró a celebrar elecciones en los más difíciles escenarios de violencia, basta con recordar los múltiples asesinatos de candidatos presidenciales en los años 80, el terrorismo de los 90 y hasta el crecimiento de la influencia y control territorial de las guerrillas y los grupos paramilitares en varias regiones, sin embargo, los comicios se han celebrado y en esta oportunidad no será la excepción. Así lo define la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, al dar a conocer el resultado de las investigaciones y el análisis de los Mapas y Factores de Riesgo Electoral, realizado por más de 40 especialistas, de cara a las elecciones de autoridades locales y regionales del próximo 29 de octubre. En la evolución de las amenazas a la democracia y a la transparencia de las elecciones, la primera conclusión a la que llegan los analistas y la MOE, particularmente, es que el número de municipios con riesgo se han reducido en los últimos 16 años, sin embargo, los que pasaron de registrar riesgos medios o altos y pasaron al nivel de riesgo extremo se han duplicado, en 2019 fueron 40 y hoy suman 83. La razón, según explica Alejandra Barrios, puede encontrarse en la expectativa de inicio de negociaciones de paz y diálogos con el Gobierno, lo que es aprovechado por las organizaciones al margen de la ley para tratar de mostrarse en posiciones de mayor beligerancia y capacidad de afectación de la tranquilidad, para llegar fuertes a una eventual mesa de diálogos. Además, insiste la directora de la MOE, se registra la proliferación de grupos ilegales, la multiplicación de actividades económicas ilegales como la minería criminal, el narcotráfico y otras actividades al margen de la ley, que tratan de ejercer algún tipo de presión sobre candidatos y poblaciones, como estrategia de permanencia y crecimiento en el control de municipios y regiones, algunas de ellas supra departamentales. Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q En su análisis la MOE define cuatro corredores en los que se concentra el mayor número de los 166 municipios que registran algún tipo de riesgo, el primero que va de La Guajira hasta Arauca, pasando por Norte de Santander y con un nodo particular, el Catatumbo y el área de Influencia en la ciudad de Cúcuta, pero concentrando la mayor intensidad de violencia y posibilidades de fraude electoral en Arauca, allí cinco de los siete municipios están en extremo. El segundo corredor atraviesa el país de riente a occidente, partiendo desde la frontera con Venezuela en Norte de Santander, pasando por el sur de Bolívar, el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño, hasta llegar a la región del Uraba. En el caso concreto de Antioquia, 13 municipios aparecen en el nivel de riesgo extremo, cinco que ya estaban ubicados en esta categoría como Cáceres, Ituango, Tarazá, Toledo y Valdivia, además de Anorí, Briceño, Campamento, El Bagre, Remedios, Yondó, Zaragoza, que ingresan al nivel de riesgo extremo, sumando a Medellín, que requiere análisis aparte como todas las ciudades capitales. “Cuando la MOE habla de riesgo extremo, hablamos de municipios donde se encuentran altísimos hechos de violencia con una gran posibilidad de afectación a la tranquilidad del proceso electoral, violencia contra candidaturas, amenazas, asesinatos, atentados, al tiempo que encontramos altos niveles de posibilidad de fraude electoral con hechos como trashumancia, comportamientos absolutamente atípicos en relación con la participación ciudadana, muy altos niveles de participación o muy baja participación, que no se compadecen con los registros históricos municipales o departamentales, además de prácticas como compra de votos, trashumancia, constreñimiento al elector o intervención indebida de autoridades y funcionarios públicos en el normal desarrollo del proceso electoral”, explica Alejandra Barrios. Los otros dos corredores que deben recibir una especial atención del Gobierno Nacional y de las autoridades electorales, para evitar que los grupos violentos o las prácticas corruptas terminen definiendo y dirigiendo la decisión popular son el andén pacífico, el litoral integrado por los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con un nodo particular en Buenaventura, donde además de las múltiples manifestaciones de violencia, existen factores de desestabilización política que opacan la trasparencia electoral. Y finalmente, el cuarto corredor, va desde el alto y medio Putumayo abarcando la Amazonia y llegando hasta la Orinoquia, donde se registran grandes extensiones de territorio y baja densidad poblacional, lo que ha permitido que grupos como la Nueva Marquetalia y el Estado Mayor Central, disidencias de las antiguas Farc, ejerzan presiones sobre la población e impidan el ejercicio libre del proselitismo electoral, vetando candidaturas, amenazando candidatos o amedrantando a los ciudadanos. En total son 166 municipios que presentan algún tipo de riesgo para las elecciones, lo que hace necesaria y obligatoria la acción del Estado para garantizar que la democracia se mantenga y el proceso electoral no corra riesgos, riesgos extremos donde se conjuga violencia y corrupción electoral en la que se ubican 83 poblaciones, 56 más en riesgo alto y 27 en riesgo medio. “No todos los riesgos se relacionan con la violencia, claro que va a haber elecciones, están absolutamente identificados los corredores y las poblaciones donde se concentran los mayores riesgos, la mayoría de las regiones del país no están en riesgo electoral, los riesgos pueden mitigarse, están dadas todas las condiciones para que las elecciones, en este país no hay crisis en materia electoral, no hay crisis en materia democrática”, puntualizó la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios. Más noticias de Política

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directora de la Misión de Observación Electoral

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