Cómo superar la pobreza: ¿empleos o subsidios?

La principal discusión que debe abordar hoy en día el País es cómo superar las angustiosas cifras de pobreza. Para ello, es necesario decidir si el camino que vamos a tomar es el fortalecimiento del sector privado para que genere empleos o una expansión sostenida del gasto público que derive en programas sociales y subsidios.

Hasta antes de la pandemia la lucha contra la pobreza iba por muy buen camino. De 2002 a 2018 el porcentaje de la población que se encontraba en esa condición pasó del 49.4% al 34.7%. Una disminución de 15.2 puntos que nos permitió, inclusive, afirmar hace un par de años que Colombia ya no era una Nación pobre, sino de clase media, dado que por primera vez había más colombianos en ese grupo que en condición de vulnerabilidad.

Por su parte, la cifra de pobreza extrema también tuvo una caída notable. En ese mismo lapso de 16 años pasamos del 17.6% al 8.2%. Una reducción de 9.4 puntos que mostraba que el desarrollo económico del País era sostenido y se estaba traduciendo en mejores condiciones de vida para todos.

Sin embargo, llegó el Covid y con él la crisis económica más fuerte en casi un siglo. 3.6 millones de personas cayeron en la pobreza y 2.78 millones en pobreza extrema. El porcentaje de la población en pobreza se disparó al 42.5% y en pobreza extrema al 15.1%. Es decir, Colombia en 2020 perdió 20 años de lucha contra este flagelo y de no haber sido por los programas sociales de emergencia, la cifra total habría ascendido al 46.1%.

Las consecuencias de esto son devastadoras. Actualmente los ingresos de 21 millones de colombianos apenas llegan a los $331.688 mensuales y 7.4 millones subsisten con menos de $145.004 al mes. Una realidad crítica que le quita el sueño a cualquier gobernante.

Por eso, es urgente tomar varias acciones para afrontar esta situación:

En primer lugar, se debe realizar una reforma estructural al sistema de focalización de los programas sociales. De acuerdo a un estudio del DNP de 2016 el 40% de los subsidios se dirige al 40% de la población de mayores ingresos, lo cual va en línea con otras investigaciones académicas que han concluido, por ejemplo, que a corte de 2016 el 38% de los receptores de Colombia Mayor estaban por encima de la línea de pobreza y para 2018 el 47% de los beneficiarios de familias en acción no se encontraban en condición de pobreza monetaria.

En otras palabras, el Estado está destinando anualmente una partida importante de recursos en ayudas a personas que no tienen por qué recibirlas. Algo que tendría que ser sancionado con severidad.

En segundo lugar, aunque es necesario mantener programas focalizados para los más necesitados, no podemos pretender que el presupuesto público sostenga indefinidamente a 28.5 millones de personas. No solamente porque las condiciones fiscales del País no lo permiten, sino también debido al impacto que esto tendría en el mercado laboral.

Recordemos lo que está sucediendo en Estados Unidos y que comenté en una columna hace un par de semanas: el subsidio de desempleo que implementó el Gobierno Federal durante la pandemia ha dificultado la contratación de personal para labores de cuello azul, lo cual terminó generando uno de los efectos inflacionarios más considerables de la última década.

En tercer lugar, una vez se supere la crisis actual debemos pensar en transformar el modelo de programas sociales a mediano-largo plazo, de tal forma que desmontemos progresivamente las ayudas que cada vez se van a necesitar menos y destinemos esos recursos a proyectos de infraestructura que generen empleos y fortalecen la competitividad del País.

Es decir, aunque los subsidios permiten mitigar los impactos negativos en el corto plazo, si se mantienen sin condicionamientos ni variaciones a lo largo de los años terminan generando una dañina dependencia al asistencialismo estatal que se financia con mayores impuestos a las empresas, las cuales, por asumir estos compromisos tributarios, dejan de realizar inversiones que impactan la competitividad del País.

En últimas, la solución de hoy no puede ser la misma de mañana. Las ayudas estatales sirven para afrontar una coyuntura, pero la verdadera eliminación de la pobreza se logra a través de puestos de trabajo formales generados por un sector privado fortalecido o por medio de la inversión en infraestructura pública. La meta, en otras palabras, ha de ser que los ingresos que les permitan a los hogares tener buenas condiciones de vida provengan de una remuneración a su capacidad laboral y no de un cheque girado indefinidamente por un funcionario del Gobierno.

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