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La solidez de la institucionalidad peruana, al servicio de la democracia

Menos de diez minutos fueron suficientes para dar a entender que el jefe de Estado había emprendido una nueva aventura

La solidez de la institucionalidad peruana, al servicio de la democracia
Diputados celebran con una fotografía la decisión del Congreso de destituir al presidente de Perú, Pedro Castillo, ayer en Lima (Perú). EFE/ Stringer

Lima, 9 dic (EFE).- La tormenta política que sacudió ayer Perú será recordada como uno de los episodios más tensos y estrambóticos de su historia más reciente, pero también como una prueba tangible de la solidez institucional de un país que demostró contar con los recursos necesarios para resistir en democracia.

Sin previo aviso, el orden constitucional peruano tembló con fuerza el mediodía del miércoles, cuando el ahora expresidente Pedro Castillo anunció en un inesperado mensaje a la nación que dictaba disolver temporalmente el Congreso, instaurar un Gobierno de «emergencia nacional» y reorganizar el sistema de Justicia.

Menos de diez minutos fueron suficientes para dar a entender que el jefe de Estado había emprendido una nueva aventura que muchos calificaron de golpista, en un intento aparentemente desesperado de salvarse de un pedido de destitución que estaba previsto de votarse en el Congreso aquella misma tarde sin muchos augurios de éxito.

Apenas tres horas después, el hombre que había puesto en jaque la democracia de su país, se encontraba ojeando una revista, sentado en un sofá de una dependencia policial.

Ya no vestía traje y corbata ni tampoco la banda presidencial, sino una chaqueta deportiva azul que, él aún no lo sabía, lo acompañaría hasta el penal donde pasaría la noche, el mismo donde está recluido el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien perpetró un autogolpe en 1992.

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SOLO Y ACORRALADO

Tomando las distancias del caso, Castillo emuló, a los ojos de muchos, el Fujimorazo de hace 30 años, pero su discurso quedó solo en papel mojado.

En cascada, los miembros de su quinto gabinete ministerial renunciaron a sus cargos y, a la media hora de su mensaje, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado dejando clara su posición: no avalarían ningún «acto contrario al orden constitucional».

Reaccionaron también de manera inmediata el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, los organismos electorales, el Ministerio Público y organizaciones civiles, en una condena unánime al quiebre de la democracia.

DETENIDO POR SU PROPIA ESCOLTA

Por un breve tiempo, se desconoció el paradero de Castillo, quien finalmente fue arrestado por su propia escolta, mientras se dirigía a la embajada de México para solicitar asilo.

Casi en simultáneo, el pleno del Parlamento, dominado por la oposición política, aprobaba la moción de vacancia (destitución) presidencial, con los votos a favor de 101 de los 130 que integran la cámara peruana.

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Es decir, los agentes que le resguardaban obedecieron sus órdenes como presidente electo en las urnas hasta el mismo momento en que dejó de serlo por decisión del Congreso, cuya legitimidad también emanó del voto.

No habían pasado ni dos horas desde que anunció la disolución del Congreso, hasta que, el mismo poder que pretendió cerrar, había aprobado sacarlo del poder que asumió en julio del año pasado y él pasó a calidad de detenido.

En la Prefectura de Lima permaneció varias horas hasta la noche, cuando, finalmente, fue trasladado al penal de Barbadillo, desde donde este jueves participó virtualmente, y vistiendo la misma chaqueta azul, en una audiencia judicial que evaluó el pedido fiscal de detención preliminar en su contra por siete días.

Ahora, Castillo deberá enfrentar a la Justicia, que lo procesa por los delitos de rebelión y conspiración por haber lanzado una ofensiva que se vio frustrada por la respuesta contundente y alineada de las instituciones democráticas del país.

Carla Samon Ros

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