Desde el 1 de enero de 2006 se viene aplicando en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá la ley 906 de 2004, mediante la cual se implementó el llamado Sistema Acusatorio en Colombia. Al respecto ha habido múltiples controversias, nacidas unas en la aparente impunidad que permite el sistema de garantías procesales que consagra la Ley y otras de la aparente inoperancia judicial para aplicar la norma procesal penal.

Vayamos por partes,
(I) Sobre la aparente impunidad generada con la nueva ley procesal penal se ha escrito en demasía. Se ha dicho que permite que peligrosos delincuentes permanezcan en libertad debido a su laxitud de nuestras leyes, falacia que se sostiene con decisiones coyunturales en las cuales los jueces en función de control de garantías han debido privilegiar el derecho a la libertad de algún procesado sobre la restricción de ella que pretendía la Fiscalía General de la Nación, debido a lo que se ha dado en llamar “tecnicismos” pero que en la practica no es sino la efectivización, por parte de los jueces de garantías, de las normas que los legisladores de 2004 promulgaron.
Un ejemplo de ello es la libertad otorgada a una persona que haya sido capturada en situación de flagrancia por el delito de hurto pero al que al momento de la captura se le violó alguno de los derechos que consagra la norma, tornando en ilegal el procedimiento de captura, esa situación de coyuntura es la que obliga, a raíz de la difusión mediática a pronunciamientos apresurados sobre una presunta impunidad que en la práctica no se da puesto que la investigación deberá proseguirse de todas maneras.
Esta situación, que se vuelve repetitiva ante la falta de capacitación de nuestros “primeros respondientes” en derechos y garantías constitucionales y legales, es la que provoca la sensación de una “impunidad mediática”, que se contrapone a la real impunidad.
(II) Ahora bien, sobre lo que hemos denominado inoperancia judicial para aplicar la norma procesal penal, podemos plantear:
En palabras de la Fiscalía General de la Nación, “El seguimiento que se viene haciendo del Sistema Penal Acusatorio evidencia en su desarrollo la problemática existente que ocasiona que el mismo, no funcione como se ha pretendido y por el contrario ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer control a determinados aspectos, inherentes al sistema y de gran relevancia como son la Policía Judicial por la escasez del personal y el centro de servicios judiciales, por la falta de número de salas de audiencias, ya que el sistema debe funcionar de la mano de la Rama Judicial, circunstancias que aunadas al exceso de carga laboral, a la fecha va en contravía de los principios generales del derecho de una justicia pronta y oportuna…» (1) , es decir, no existe un adecuado número de funcionarios de policía judicial para adelantar las investigaciones penales, puesto que según comentarios de los propios fiscales delegados existe en las Unidades de la Fiscalía una proporción de 1 investigador por cada cuatro o cinco fiscales y cada fiscal puede estar a cargo de unas doscientas cincuenta a trescientas “carpetas”, siendo cada carpeta un caso criminal para investigar, lo que en promedio nos lleva a pensar que hay un investigador de policía judicial para entre 1000 y 1200 casos a investigar, cifra insignificante ante el cúmulo de situaciones que se ponen en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación como delito.
Si miramos las conductas de mayor ocurrencia en la ciudad de Medellín (2) , nos encontramos que las amenazas con 745 casos; daño en bien ajeno con 894; porte de armas con 1.471 casos; homicidio con 1.865; Son los asuntos que más se denuncia en la ciudad.
Luego vienen las conductas contra el patrimonio, como son: Hurto agravado menor cuantía 484 casos; hurto de menor cuantía 473; hurto calificado menor cuantía 960 casos; hurto calificado 4.772 casos; hurto simple 4.739.
También están otras conductas de gran incidencia como son:
Inasistencia alimentaria con 2.860 casos; lesiones 2.572; lesiones culposas 2.192; lesiones personales con incapacidad menor de 60 días 1.213; trafico, fabricación y porte de estupefacientes 6.361 y la violencia intrafamiliar con 7.526 casos.
Si vemos las conductas reportadas al sistema SPOA de la Fiscalía (Sistema Penal Oral Acusatorio) en la ciudad de Medellín tenemos que las conductas más recurrentes son:
1. La violencia intrafamiliar
2. El trafico, fabricación y porte de estupefacientes
3. El hurto calificado
4. El hurto simple
5. La inasistencia alimentaria
6. Las lesiones personales
7. Las lesiones personales culposas
8. El homicidio
9. El porte ilegal de armas
Lo que desmitifica la consideración de una ciudad extremadamente peligrosa, pues si bien las cifras son considerables, no menos cierto es que en esas estadísticas Medellín no aparece en el primer puesto de ocurrencia de esas conductas criminales a nivel nacional en ninguna de ellas, y en muchas aparece por debajo de ciudades menores en tamaño y población, otra situación que se desprende es cómo las conductas más recurrentes son algunas que están consideradas como pequeñas causas y cuyo tratamiento debe ser más preventivo que sancionatorio.
Por ello, consideramos que la inoperancia judicial que se sostiene ocurre por el “cuello de botella” de la cantidad de conductas punibles denunciadas con las realmente evacuadas dentro del sistema (que sería motivo de un análisis más profundo), es lo que hace que la población no tenga confianza en su sistema de administración de justicia y por eso se recurre las más de las veces a la justicia privada que es la deslegitimización de la justicia estatal.
Pero si abordamos preventivamente las conductas, no represivamente, que es lo que ocurre con la justicia penal, se podría intervenir en su causa la mayor cantidad de criminalidad en nuestra ciudad, es decir, si atacamos las pequeñas causas con medidas reales, podremos avanzar en la creación de la paz social en nuestra ciudad.
Debemos propender por que la proporción entre policía judicial y fiscal se disminuya de modo que sea posible llegar a tener una proporción de dos miembros de policía judicial por cada fiscal delegado, lo que permitiría mayor agilidad y prontitud en las investigaciones, dejando de lado el peso muerto de las investigaciones que no avanzan.
Es menester apoyar a la Rama Judicial con recursos que hagan más adecuada la atención de audiencias públicas.
Es necesario intervenir las pequeñas causas con la entrega de instrumentos a la administración municipal para prevenir adecuadamente y consideramos que una simple modificación al artículo 28 de la Constitución Política nos puede dar el instrumento que permita expedir un Código Nacional de Policía que instrumentalice en los Inspectores Municipales y Comandantes de Policía la posibilidad de aplicar sanciones de arrestos contravencionales que vayan de los cinco días a los treinta días inconmutables, lo que apoyaría una gestión real de prevención. Pongamos un ejemplo, sí a un conductor ebrio se le encuentra en flagrancia contravencional hoy en día no ocurre nada (salvo la inmovilización del vehículo), pero si un inspector de policía le puede aplicar una sanción de arresto de quince a treinta días, indefectiblemente la incidencia de las lesiones personales culposas y de los homicidios culposos o con dolo eventual sufrirían un fuerte descenso.
[1] Fiscalía General de la Nación, Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 2009-2010, Tomado de la Página Web de la Fiscalía en www.fiscalia.gov.co. [2]Que según la misma fuente de la Fiscalía General de la Nación, presentó entre agosto de 2009 y mayo de 2010 la suma de 62.537 conductas delictivas denunciadas, convirtiéndose en la segunda ciudad con mayor número de casos reportados después de Bogotá que contó con 186.999 casos.- Compartir:
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