Sistema de Salud Colombiano: Sostenibilidad en Cuidados Intensivos

El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis estructural que amenaza su viabilidad. Aunque la cobertura de afiliación alcanza el 98,5% de la población según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, esta cifra contrasta con la realidad de acceso. De acuerdo a datos del ministerio y  el boletín 005 del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud basado en datos oficiales que analiza la brecha entre afiliación formal y atención efectiva, se evidencian cuatro problemas: el incremento del 36% en quejas ciudadanas entre 2024 y 2025, alcanzando 978.177 peticiones en el primer semestre; una deuda acumulada de las EPS de 32,9 billones de pesos con hospitales y clínicas; el aumento del 16,4% en tutelas para acceder a servicios, llegando a 125.819 acciones en los primeros cinco meses de 2025; y una Unidad de Pago por Capitación que aumentó apenas 5,36% para 2025, mientras los costos operativos crecieron 9,2% según el DANE.

Esta tensión financiera erosiona la capacidad del sistema para garantizar atención oportuna. Las demoras en citas especializadas, la interrupción de tratamientos y la creciente judicialización del acceso exponen un modelo que prioriza la intermediación sobre la prestación efectiva. La intervención y liquidación de EPS ha generado transferencias masivas de afiliados y deterioro de la confianza ciudadana.

El problema trasciende la administración para convertirse en un asunto de diseño institucional. La intermediación financiera entre el Estado, las EPS y los prestadores ha perdido efectividad. Esta crisis resulta de décadas de desajustes entre promesas de cobertura universal y la incapacidad de traducir la afiliación en atención efectiva.

La política de reforma propone desmontar progresivamente las EPS y fortalecer la atención primaria mediante centros de gestión territorial pública. Sin embargo, la implementación enfrenta tensiones políticas y deficiencias técnicas. La transformación requiere garantizar tres condiciones:

Primero, sostenibilidad financiera. El sistema necesita flujos oportunos de recursos que reflejen los costos reales de atención. El desajuste entre la UPC y los gastos operativos compromete la liquidez institucional y la continuidad del tratamiento. Sin ajustes estructurales en el financiamiento, cualquier reforma será insuficiente.

Segundo, equidad territorial. Es imperativo fortalecer las redes hospitalarias y la capacidad del talento humano en zonas rurales. La concentración de especialistas en grandes ciudades profundiza las brechas de acceso. La descentralización efectiva requiere inversión sostenida en infraestructura y condiciones laborales adecuadas.

Tercero, gobernanza y transparencia. El sistema demanda infraestructuras de información estandarizada y auditoría pública que permitan monitorear el acceso real y los resultados de calidad. Solo mediante mecanismos robustos de control será posible identificar ineficiencias y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los pacientes.

Colombia enfrenta un punto de inflexión. Si las decisiones se fundamentan más en cálculos políticos que en evidencia técnica, el sistema continuará su deterioro. El desafío consiste en garantizar que la salud funcione como un derecho real y no como una mera estadística de cobertura.

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