¡Sigue el paro arrocero! Productores dicen que el Gobierno no cumple y la crisis no para

El paro arrocero arrancó con fuerza el pasado lunes 14 de julio, y la tensión crece entre los productores y el Gobierno Nacional.

Pese a que se llevó a cabo una “mesa nacional” con diversos actores del sector, los agricultores, a través del gremio Dignidad Arrocera, aseguran que no participaron en negociaciones reales y que el movimiento de protesta continúa firme en las carreteras del país.

La primera jornada de movilizaciones congregó a gobernadores de Tolima y Casanare, representantes de Norte de Santander y Meta, delegados del Gobierno, la industria y comercializadores.

Si bien hubo consenso en que el proyecto de resolución de libertad regulada al precio del arroz paddy verde es una medida “acertada”, los productores insisten en el cumplimiento íntegro de los compromisos asumidos en marzo.

Esta resolución busca garantizar una formación transparente de precios, respondiendo a la dramática caída del valor del arroz paddy verde frente al aumento de los costos de producción, que incluyen altos arrendamientos de predios, insumos, logística y agua.

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“Es necesario establecer de manera temporal un sistema de corrección a los posibles precios que garantice condiciones de competencia y evite efectos negativos sobre el eslabón primario de la cadena productiva del arroz”, había señalado la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Sin embargo, el malestar entre los agricultores es palpable. Reportan pérdidas que oscilan entre los $2.500.000 y $2.800.000 millones de pesos por hectárea cosechada, una situación que está llevando a la “quiebra” a pequeños y medianos productores en diversas regiones.

El Gobierno Nacional sostiene que sí ha habido avances en los cumplimientos. La cartera agropecuaria destaca un apoyo económico diferenciado por tonelada comercializada (entre $120.000 y $78.000 pesos) y una inversión de $7.000 millones de pesos a través del programa Faia Arroz para la compra de fertilizantes, con inscripción de productores en 23 departamentos, incluyendo cinco zonas arroceras clave.

No obstante, la postura de los agricultores en las vías del país indica que estas medidas aún no son suficientes para frenar la profunda crisis.

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