Seis tras las rejas por la minería ilegal que sacaba oro del río Nechí con dragas

Ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, fueron judicializadas por su presunta participación en la minería ilegal de oro en los municipios de El Bagre y Nechí, en el sur de Antioquia. Según la Fiscalía General de la Nación, harían parte de un clan familiar que operaba de manera sistemática en la ronda del río Nechí.

La estructura, de acuerdo con la investigación, venía actuando desde 2024 sin título minero ni licencia ambiental. Para extraer el metal utilizaban cuatro dragas tipo brasileño, maquinaria pesada y mercurio, una sustancia altamente contaminante para el agua y para las comunidades que viven cerca de los ríos.

Las dragas tipo brasileño son estructuras flotantes que succionan el material del lecho del río para separar el oro. Esa práctica destruye los cauces, remueve grandes cantidades de tierra y devuelve al agua sedimentos y químicos que afectan el ecosistema y la pesca, una de las principales fuentes de alimento en la región.

¿Cómo operaba el clan familiar de la minería ilegal?

Las investigaciones, que incluyeron tres operativos en terreno, interceptaciones telefónicas y labores de seguimiento, permitieron identificar a los ocho señalados y establecer los roles que presuntamente desempeñaba cada uno dentro de la estructura dedicada a esta actividad ilícita.

Según la Fiscalía, Alexander sería el cabecilla y principal articulador de la organización, mientras que su hermano, José Alfredo, estaría encargado de la operación de las dragas utilizadas para la extracción de oro.

María Isabel y Luz Yesenia son señaladas de cumplir funciones administrativas, financieras y logísticas, y Andrea Catalina presuntamente se encargaba de definir el uso y la destinación de las máquinas empleadas para obtener el metal.

La investigación también involucra a Jhon Hever, quien sería el administrador de una mina a cielo abierto ubicada en Jardín de Tamaná, Antioquia; Angie Paola, señalada de desempeñarse como secretaria de la red, y Maicol, quien, al parecer, compraba y comercializaba el oro extraído ilegalmente.

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¿Qué les encontraron a los capturados?

Las diligencias de captura fueron realizadas por unidades de la Policía Nacional en los municipios de Caucasia y El Bagre. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 695 gramos de oro, avaluados en más de 284 millones de pesos, y 152,54 gramos de platino.

También fueron hallados 508 millones de pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares y varios documentos que serán objeto de valoración por parte de los investigadores, un material que podría aportar información sobre otras personas vinculadas con las actividades ilegales de la estructura.

¿Qué delitos les imputaron?

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los ocho procesados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimiento minero, daño a los recursos naturales, ecocidio y lavado de activos.

Tras las audiencias, un juez promiscuo municipal de El Bagre impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los procesados. seis de ellos quedaron recluidos en un centro carcelario, mientras que Andrea Catalina y María Isabel cumplirán la medida de detención en sus lugares de residencia.

¿Qué daño ambiental dejó la minería ilegal en la zona?

El estudio de la autoridad ambiental identificó afectaciones en una extensa zona del Bajo Cauca antioqueño, entre ellas pérdida de cobertura vegetal, erosión y formación de depósitos artificiales de agua.

El análisis también evidenció alteraciones relacionadas con el transporte de sedimentos hacia el río Cauca, una de las consecuencias asociadas a las labores de extracción que se habrían desarrollado en la zona.

El Bajo Cauca antioqueño es una de las regiones del país más golpeadas por la explotación ilegal de oro. La Procuraduría General de la Nación priorizó recientemente la zona tras reportar un aumento de 493 hectáreas afectadas por esta actividad, que además del daño ambiental alimenta las finanzas de grupos armados que se disputan el control del territorio.

Las autoridades mantienen la ofensiva contra las estructuras dedicadas a la minería ilegal en Antioquia, con operativos que en los últimos días han dejado capturados, maquinaria inutilizada e importantes incautaciones de oro y dinero en efectivo.

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