Segunda legislatura: por la justicia ambiental y la justicia social

El pasado 20 de julio se realizó la sesión de instalación de la segunda legislatura del Congreso de la República, la sesión estuvo precedida por un extendido discurso del presidente Gustavo Petro, desde el cual hizo un llamado a consensuar políticas para preservar la vida en el planeta, especialmente de la selva amazónica, con un ordenamiento territorial alrededor del agua; asimismo, con políticas sociales para la erradicación del hambre, el fomento a la productividad y el empleo.

Y aunque la primera legislatura del Congreso se vio empañada por la actitud hostil de algunos sectores opositores, sobre todo empeñados en que nade cambie -ignorando el mandato de cambio por el cual votaron millones de colombianos -, si se dieron avances importantes; entre ellos: la aprobación de la reforma tributaria (y la adición presupuestal); la creación de una Jurisdicción Agraria y Rural (saldando una deuda histórica); y la elevación en el ordenamiento constitucional del campesinado como sujeto de derechos.

Pero ciertamente a varios sectores políticos le faltó mayor perspectiva histórica, pues la reformas sociales, el corazón del mandato del cambio, se vieron torpedeadas en su trámite legislativo por prácticas de filibusterismo, chantajes y estancamiento. La oposición asumió como un “punto de honor” bloquear toda la agenda social del gobierno y cerrar cualquier espacio de diálogo. Mal actual lo que sobreponen sus intereses políticos y personales al bienestar de millones de colombianos.

Ahora, durante esta segunda legislatura, el Congreso tiene la enorme responsabilidad de generar los espacios de consenso necesarios para promover una agenda legislativa que promueva la justicia ambiental y social.

Para así seguir consolidando resultados importantes tales como la reducción del porcentaje de deforestación en la Amazonía; la compra de cerca de 30 mil hectáreas de tierra fértil para repartir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; y la entrega de los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a las organizaciones sociales y comunitarias.

El gobierno también debe propugnar por fomentar una actitud abierta y dialogante, pues las reformas sociales no deben ser resultado de una imposición, sino de una construcción colaborativa donde el centro sea la defensa de la vida, la dignidad, la protección del medioambiente y la erradicación del hambre. Es un acuerdo sobre lo fundamental sustentado en el mandato de cambio -y lo vuelvo a repetir- por el que votaron millones de colombianos.

Así que el reto va en doble vía, pero también va más allá del gobierno y el Congreso, ya que además la ciudadanía se debe seguir expresando, movilizando en las calles y defendiendo la pertinencia de las reformas; eso sí, siempre desde la información, la tolerancia y el respeto. Es un objetivo que nos debe convocar a todos y todas como sociedad, para así logar una Colombia que sea potencia mundial de la vida, con justicia ambiental y justicia social.

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