La administración distrital de Medellín no tiene el control de la Secretaría de Movilidad. Trámites como matrícula de vehículos, expedición de licencias de conducción, pago de fotomultas y otros 97 servicios diferentes, se han concesionado desde el año 2006, lo que hace que nuestra Secretaría de Movilidad sea una de las más ineficientes y poco competitivas del Valle de Aburrá.
Cuando un infractor paga una fotomulta, solo el 18% del valor de esa sanción ingresa al Distrito de Medellín y cuando se paga con descuento el Distrito no recibe ni un solo peso; por el contrario, es quien debe asumir los costos de infraestructura y recurso humano. Entre los años 2011 y 2021, por ejemplo, los privados se llevaron el mayor recaudo de las fotomultas por un valor superior a los 500 mil millones de pesos, mientras que Medellín solo obtuvo ingresos por el mismo concepto de un poco más de 98 mil millones de pesos en ese mismo periodo, una cifra muy inferior en comparación con lo que ganó el operador.
Pero el tema es aun más preocupante cuando analizamos el número de carros y motos que están matriculados en Medellín. De 1.750.000 vehículos que hay en el Área Metropolitana, 346 mil están inscritos en la ciudad, lo que equivale a tan solo el 20% del total del parque automotor. Toda esta situación es negativa para las finanzas del Distrito porque aparte de que se dejan de percibir recursos por concepto de impuesto vehicular y otros derechos de tránsito, es Medellín quien debe realizar las grandes inversiones para mejorar, ampliar y mantener la infraestructura vial, además de padecer los impactos medioambientales, los interminables trancones y atender el creciente número de accidentes, todo esto porque por la ciudad transitan diariamente la mayoría de los vehículos que hay en todo el Área Metropolitana.
La falta de control por parte de la Administración Distrital a la Secretaría de Movilidad se ha constituido en una pérdida de competitividad y liderazgo dejando que la ciudad cada vez reciba menos recursos mientras los concesionarios y otros municipios se llevan la mayoría del recaudo. La Contraloría de Medellín en varias auditorías ha evidenciado las falencias e irregularidades en el desarrollo de este contrato, sin embargo, la actual administración no ha tomado lo correctivos pertinentes y no se ha cumplido el compromiso de realizar una auditoría forense.
Recordemos que el contrato de concesión se firmó en el año 2006 y debía finalizar en 2014. Sin embargo, se hicieron renegociaciones para ampliar el contrato original, lo que derivó en una prorroga hasta el año 2025 y ampliaciones en los trámites concesionados, entregando a los privados el control y la operación de casi todos los servicios de la Secretaría de Movilidad sin realizar ningún tipo de estudio de mercado para evaluareficiencia y competitividad de las funciones realizadas.
La fecha de finalización de ese contrato está próxima a cumplirse y por tal motivo, es necesario que la Secretaría de Movilidad se prepare desde ya para reasumir todas y cada una de sus funciones de manera directa, Medellín no puede prorrogar ese convenio porque ha quedado demostrado que la Secretaría de Movilidad en manos de los privados ha sido un rotundo FRACASO.
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