puente El Piñal, en la carretera Buenaventura - Buga
El puente El Piñal, en la vía Buenaventura - Buga. Foto: El País.
puente El Piñal, en la carretera Buenaventura - Buga

El puente El Piñal, en la vía Buenaventura – Buga. Foto: El País.

Minuto30.com-. Según un fallo fiscal de la Contraloría, las irregularidades que se dieron en la construcción del puente El Piñal, en la carretera Buenaventura – Buga, hicieron que la obra proyectada para un año se culminará siete años después y el Invías pagara dos veces por la misma.

Por tal razón, los responsables fiscales tendrán que responder por la suma de 8.338 millones de pesos. Los condenados por la Contraloría son cinco funcionarios del Invías, el contratista (Consorcio Puentes CF-C-116, integrado por Construcciones CF Ltda y Construcciones Civiles y Portuarias S.A.) y la firma interventora del contrato (Consultores Civiles e Hidráulicos Ltda).

Explicó el organismo controlador que la decisión tiene que ver con la ejecución del contrato N° 3495 de 2007, suscrito por el Invías con el Consorcio Puentes CF-C-116, que comprendía la etapa de estudios y diseños para la construcción del puente, así como la entrega de la obra debidamente terminada, dentro de un plazo de 12 meses.

Sin embargo, la obra solo pudo ser terminada después de siete años de espera, después de que el Invías tuviera que iniciar un nuevo proceso de contratación y vinculación de nuevos contratistas para la construcción del puente, y la disposición de recursos adicionales para el pago de una obra cuyos recursos ya se habían entregado al contratista inicial.

Las irregularidades

El valor total inicial de la obra era de $7 mil 792 millones, de los cuales el consorcio contratista recibió un anticipo por más de $3 mil 808 millones.

A pesar de haberse recibido oportunamente el mencionado anticipo, por más de $3 mil 808 millones, «el consorcio contratista no logró reflejar en el avance de la obra el destino de los recursos recibidos», indicó el ente de control.

Y agregó: «Como si lo anterior fuera poco, se solicitó y tramitó ante el Invías el pago de $3 mil 599 millones adicionales, como parte obra ejecutada, sin que la misma se hubiera llevado nunca a cabo, generando un detrimento total por una suma superior a los $5 mil 925 millones».

La cuantía de la condena, debidamente indexada, alcanzó entonces los $8 mil 338 millones.

Entre los cinco funcionarios del Invías condenados por la Contraloría, que en su momento tuvieron el poder decisorio sobre el contrato, están el secretario general técnico, al momento de los hechos, Juan Gabriel Berón Zea, y el subdirector de la Red Nacional de Carreteras, Carlos Julio Romero Antury.

«El secretario general técnico no solamente fue quien suscribió el Contrato de Obra N° 3495, sino igualmente la modificación que llevó a la reducción de la amortización del anticipo del contrato del 50% al 1%», indicó la Contraloría.

Explicó que las decisiones llevaron a una millonaria pérdida de recursos. Los funcionarios que debían supervisar y coordinar el contrato también fueron condenados.

«Se trata de José Libardo Santacruz Gaviria y Carlos Hernán Londoño Estrada, quienes ejercieron la supervisión del proyecto y del contrato, respectivamente, y por lo tanto tenían a su cargo el seguimiento a la ejecución de las obras, visitas de campo, la revisión de los informes de interventoría, y en general el desarrollo de todas las acciones necesarias para garantizar la efectividad de los recursos invertidos», puntualizó la Contraloría.

Asimismo, se llamó a responder a la coordinadora del Grupo de Puentes de la Red Nacional de Carreteras del Invías, Virginia Ramos Arenas, «quien tenía a su cargo garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos en los contratos de construcción de puentes mediante su análisis y evaluación del progreso de los mismos».

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