Se acabó el premio al crimen

Durante cuatro años, Colombia fue escenario de un experimento costoso: la llamada “paz total”. Prometía desarmar a los violentos a punta de diálogo y terminó fortaleciéndolos. Hoy, con la Ley 2640 de 2026, el país cierra ese capítulo y recupera un principio elemental: el Estado no negocia de igual a igual con quienes lo desafían.

Las cifras del fracaso son claras. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz citados en la exposición de motivos de la ley, los integrantes de grupos armados pasaron de unos 15.120 en diciembre de 2022 a unos 28.802 en julio de 2026 (Uzal Tresandí, 2026). Mientras tanto, la política ejecutó 125.174 millones de pesos entre 2022 y 2026 sin acuerdos finales ni desmantelamiento de estructuras armadas (Moncloa.com, 2026). Y el símbolo más elocuente: el levantamiento de órdenes de captura a 23 cabecillas de bandas de Medellín y el Valle de Aburrá (Infobae, 2026a). Eso no fue paz; fue un premio.

Detrás de esas cifras hay vidas. Según Indepaz, entre agosto de 2022 y agosto de 2026 fueron asesinados 705 líderes sociales y 167 firmantes del Acuerdo de Paz, y se registraron 359 masacres, el promedio anual más alto de los tres últimos gobiernos (González Perafán y Restrepo, 2026). El desplazamiento forzado alcanzó 231.776 personas, más del doble que en el cuatrienio anterior. Y lo más doloroso: la Defensoría del Pueblo reportó 1.173 niños y adolescentes reclutados entre 2024 y julio de 2026, más del 30 % de ellos con entre 10 y 14 años (La Silla Vacía, 2026). Mientras se hablaba de paz, los violentos engrosaban sus filas con niños.

¿Qué cambia? En resumen:

Fin del modelo de negociación: se levantan las mesas de diálogo, los grupos pierden su estatus político, desaparece el gestor de paz y las penas se pagarán en cárceles, sin zonas especiales (Infobae, 2026b).

Sin privilegios procesales: no se suspenden órdenes de captura ni extradiciones.

Rebajas con límites: hasta el 50 % para integrantes de base y el 30 % para cabecillas, con mínimo de diez años de prisión para los mandos (Ospina, 2026).

Beneficios condicionados: entregar armas y la totalidad de los bienes, e informar sobre redes, desaparecidos y secuestrados; quien incumpla vuelve a la justicia ordinaria.

Protección a la niñez y vigencia: los reclutadores de menores quedan excluidos, y la ley rige por cuatro años.

La diferencia es de fondo. La paz total trataba al criminal como interlocutor político; la nueva ley lo trata como lo que es: un delincuente al que se le ofrece una salida, pero con condiciones verificables y cárcel. Hay rebajas, sí, pero a cambio de resultados, no de promesas en mesas que nunca terminaban.

Es también un mensaje a las víctimas. Que los bienes se entreguen sin compensación y que quienes reclutaron niños queden por fuera es un reconocimiento a quienes pusieron los muertos mientras otros ponían condiciones.

Nada de esto garantiza el éxito por sí solo. La ley será tan buena como la capacidad del Estado para aplicarla: fiscales, cárceles y una fuerza pública que haga efectivas las capturas. Pero el rumbo, por fin, es el correcto. Colombia deja de premiar la violencia y vuelve a exigir lo mínimo: que quien delinque responda ante la ley. Eso no es mano dura; es el fin de la impunidad como política de Estado.