Saludcoop podría ser devuelta a sus dueños, pero no a Palacino: Super-salud. Por Edgar Artunduaga.

Mauricio Morales es el Superintendente de Salud y tiene en sus manos la suerte final de la empresa Saludcoop, que incluye “la posibilidad teórica de devolversela a sus dueños, como ocurrió con EMCALI, que después de muchos años regresó al municipio de Cali, su dueño”.

Edgar Artunduaga

“Pero hay unas variables específicas muy complicadas, y es que muchos de los dueños de Saludcoop fueron sancionados por la Contraloría y tienen alguna responsabilidad. El Estado no puede devolver la entidad a personas que no garanticen la idoneidad en el manejo futuro de la entidad. Y eso es precisamente parte del ejercicio de evaluación que estamos haciendo”, reflexiona Morales.

¿En otras palabras, Carlos Palacino nunca regresará a Saludcoop?

Probablemente es cierto que a Palacino no se le puede devolver porque él es un responsable fiscal y no cumple con los requisitos de idoneidad, pero recuerde usted que Saludcoop tiene 2200 dueños, de los cuales solo han sido sancionados catorce.

¿Y quiénes son esos 2000 dueños?

En su momento cuando crearon la entidad por allá a principios de los años 90 se reunieron 2000 personas. Entiendo que la mayoría son médicos, hay algunas personas jurídicas, ahí están Seguros La Equidad, una organización de salud que se llama Juan N. Corpas, la cooperativa de pensionados de la Universidad Nacional, Pollos el Vencedor, la cooperativa de pilotos de Avianca, unas cooperativas de Santander muy importantes, una de ellas Comultrasan, y unos grupos médicos.

Es decir, todos con probabilidades menos Palacino…

Yo no quiero singularizar a Palacino porque él está en la misma situación de otros sancionados por la Contraloría y por la Procuraduría. Pero la idoneidad hay que evaluarla con mucho cuidado y es una talanquera importante en el ejercicio de evaluar qué hacer con Saludcoop.

¿Qué ha pasado, tras la intervención de las IPS de Saludcoop?

La famosa EPS lleva intervenida cerca de tres años. La IPS es una organización distinta que maneja 150 clínicas y hospitales en todo el país. Es probablemente la red prestadora privada más grande del país, y a raíz de unas visitas que realizamos el año pasado encontramos deficiencias administrativas y financieras y después de un análisis muy cuidadoso concluimos que el camino era intervenirla para superar esos hallazgos y poder garantizarle a los afiliados un mejor servicio.

Los afiliados, o los usuarios en este caso, no tienen por qué alarmarse ni preocuparse. No ha habido ningún traumatismo en el servicio, y por el contrario, pensamos que puede mejorar.

¿Cuándo termina la novela Saludcoop o hacia dónde vamos?

La novela Saludcoop tiene varias aristas o varias películas paralelas. Una es la EPS. La última vez que se prorrogó la intervención fue en mayo por un año más y por lo tanto este próximo mes de mayo habrá que tomar decisiones. El Gobierno Nacional está evaluando todas las alternativas. En ese tema la Contraloría ha tenido un papel muy activo y ha tomado decisiones por un lado, y por otro lado ha hecho propuestas que se están estudiando con toda la atención y sobre eso habrá anuncios en las próximas semanas.

Y esta película nueva que es de la IPS Saludcoop apenas empieza. El Estado ha decidido por conducto de la Supersalud hacerse transitoriamente al control de estos 150 hospitales y en unos cinco meses esperamos darle buenas noticias al país sobre ese tema.

¿Y sus relaciones con la contralora Morelli?

Son institucionales y son buenas. Especialmente el año pasado ella y su equipo ayudaron mucho a la gestión de la Supersalud. Frente a observaciones suyas, puedo aclarar que en ningún caso afectaremos los embargos y las decisiones que la contralora ha tomado sobre Saludcoop. Tanto a ella como a nosotros nos asiste el mismo interés, proteger a los afiliados al sistema.

La Contralora teme que se pierda la platica y que un día de estos no alcance para pagar la atención de los usuarios…

Pues mire, Saludcoop a pesar de los problemas gravísimos que tiene y que tenía, tantos que hubo que intervenirla desde hace tres años, ha seguido funcionando, ha seguido prestando servicio a más de cuatro millones de afiliados.

En las calificaciones y los rankings que hace el ministerio, algunos de ellos por solicitud de la Corte Constitucional, Saludcoop sale por encima del promedio en materia de percepción de los usuarios y el cumplimiento de servicios. Es decir, está en la parte positiva y alta del pelotón, teniendo problemas, como tienen muchos. En estos casos siempre hay que preguntarse, ¿qué habría pasado si no hubiéramos intervenido?

Creo que ha habido una labor importante por parte de los interventores en el sostenimiento de la entidad. Estamos definiendo ahora el futuro definitivo de la entidad.

¿De qué tamaño es la cirugía aplicada a Saludcoop?

Una intervención como la que hemos anunciado es de alto nivel, una cirugía mayor. Y usted bien sabe que los médicos procuran evitar las cirugías en la medida que sea posible hasta que lleguen a la conclusión de que no hay más alternativa; en este caso eso es lo que ha pasado.

Vamos a tratar de corregir situaciones, en un corto plazo, muy puntuales, muy focalizados. Procuraremos poder decirle al país que devolvemos una entidad mejor de lo que la encontramos cuando la intervenimos.

En el último año hemos devuelto a alcaldes y gobernadores cerca de 15 hospitales públicos, y en esos casos podemos decir con cierto orgullo que lo hemos hecho devolviéndolos en mejor estado.

¿Una intervención es una sanción?

Nosotros creemos que la sanción, esa famosa de $1.4 billones que impuso la contralora por desviación de recursos es correcta. En efecto hubo desviación pero creemos que en ese caso la EPS no era culpable de la desviación sino víctima del comportamiento de sus antiguos administradores. De modo que esa discusión ya quedó saldada, ya la Contraloría resolvió los recursos y eso es cosa juzgada.

Las intervenciones no son propiamente sanciones. No estamos castigando a nadie, estamos tomando una medida para corregir unas fallas y mejorar el servicio para proteger el derecho a la salud de los afiliados. Si en el curso de la intervención se descubre que hubo comportamientos ilegales se harán las investigaciones correspondientes o se harán los traslados a las autoridades competentes, y en ese proceso se determinarán las responsabilidades.

¿Qué va a ocurrir con los cuatro millones de afiliados?

Están afiliados a la EPS y ésta continúa prestando el servicio, atendiéndolos, no exenta de dificultades pero sosteniendo el barco, un barco grande y complejo de una manera que permite a los cuatro millones de afiliados estar tranquilos.

Estas clínicas y hospitales le prestan servicio de salud a esos cuatro millones de afiliados. Quiero hacerle un reconocimiento al equipo médico, enfermero y auxiliar de esas 150 clínicas, que han sido trabajando con eficiencia.

¿Cuáles son las opciones que finalmente tiene frente a Saludcoop?

Hay tres opciones: liquidar la entidad, continuar un tiempo más con la intervención o hacer un levantamiento ordenado de la intervención. Esas tres opciones se están evaluando y las estamos considerando cada una con los pros y sus contras.

El diagnóstico lo hago yo y algunas de esas decisiones la ley me da la competencia a mí, y otras de las alternativas son decisiones del Gobierno Nacional, pero en todas la información y el diagnóstico lo hace la Supersalud.

¿Qué diferencia hay entre este asunto de Saludcoop y lo que pasó por ejemplo con la crisis bancaria en el gobierno de Belisario Betancur?

Pues aquello que sucedió en esa época, en el año 82, fue un evento sin precedentes que marcó toda una nueva política pública frente al sector financiero. Hay una diferencia muy importante.

En aquella oportunidad el Estado contaba con una herramienta con la que aún hoy cuenta, pero solo en el sector financiero, que era la posibilidad nacionalizar entidades. Es decir, de meterse la mano al bolsillo con dineros públicos y hacerse a la propiedad de la entidad.

Esa posibilidad hoy día no existe en el sector salud. No es posible meterse la mano al bolsillo para, con dineros de los contribuyentes, salvar entidades privadas. Hoy simplemente se permite al Estado controlar administrativamente la entidad.