Salario mínimo: populismo laboral del Gobierno Petro

En Colombia, el aumento del salario mínimo ya no es una política pública: es un espectáculo. Un acto de fe anual donde el gobierno de turno se proclama defensor de los pobres, los micrófonos aplauden, y la economía —esa aguafiestas— se encarga luego de pasar la factura. El problema no es solo que el salario mínimo suba; el problema es cómo, cuánto y bajo qué mentiras se vende esa subida.

Empecemos por lo básico, que en este debate suele omitirse con sospechosa frecuencia: los salarios no se sostienen con discursos, se sostienen con productividad. Ningún país se ha vuelto próspero decretando sueldos más altos en un papel. Cuando el salario mínimo crece por encima de la capacidad real de la economía para pagarlo, no estamos “redistribuyendo riqueza”; estamos redistribuyendo daños.

¿Quién paga el aumento? No “los empresarios” en abstracto, ese villano cómodo del relato. Pagan las micro y pequeñas empresas, que en Colombia son la mayoría y viven al límite. Pagan los consumidores, vía precios más altos. Pagan los trabajadores informales, que no reciben el aumento pero sí la inflación. Y pagan los desempleados, porque cada alza eleva el costo de contratar y reduce la disposición a hacerlo.

Aquí aparece la gran hipocresía: el salario mínimo se discute como si todos los trabajadores lo ganaran y todos estuvieran en la formalidad. No es así. Una parte enorme del país trabaja en la informalidad, sin contrato ni prestaciones. Para ellos, el aumento del mínimo no es un alivio; es un empujón más lejos del empleo formal. El mensaje implícito es brutal: “Si no produces lo suficiente para justificar este salario, no entras”. Dignidad por decreto, exclusión por realidad.

La inflación merece un capítulo aparte, porque suele tratarse como un fenómeno meteorológico, cuando en realidad es una consecuencia predecible. Subir el salario mínimo empuja los costos de toda la economía, incluso de quienes no lo pagan directamente, porque sirve como referencia para tarifas, arriendos, servicios y contratos. El resultado es un aumento generalizado de precios que se come el poder adquisitivo del propio aumento. El trabajador celebra en enero lo que pierde silenciosamente en el mercado durante el resto del año.

Y luego está el pecado original del modelo colombiano: un salario mínimo único para un país profundamente desigual. Colombia no es Bogotá, ni Medellín, ni una cifra promedio. Es un mosaico de regiones con productividades radicalmente distintas. Imponer el mismo salario mínimo en todos los territorios es una forma elegante de expulsar empleo de las zonas más pobres. No es solidaridad; es centralismo disfrazado de justicia social.

El golpe más cruel, sin embargo, se lo llevan los jóvenes y los trabajadores menos calificados. Cada aumento eleva la barrera de entrada al mercado laboral formal. El primer empleo se vuelve un lujo, no un derecho. La política que se vende como protectora termina cerrando la puerta a quienes más necesitan cruzarla. Después nos preguntamos por qué los jóvenes “no consiguen trabajo” o por qué la informalidad se hereda como un apellido.

Nada de esto implica celebrar salarios bajos ni resignarse a la precariedad. Implica algo más incómodo: aceptar que el camino a mejores salarios es largo, técnico y poco sexy. Pasa por mejorar la educación y su pertinencia, por invertir en infraestructura, por reducir costos no salariales, por facilitar crédito y formalización a las pymes, por fomentar competencia y productividad. Todo eso es difícil, lento y políticamente ingrato. Mucho menos rentable que anunciar un aumento “histórico” y posar como redentor social.

El salario mínimo en Colombia se ha convertido en una anestesia colectiva: calma la indignación momentáneamente, pero no cura la enfermedad. Mientras sigamos confundiendo justicia con decretos y dignidad con cifras nominales, seguiremos atrapados en el mismo círculo vicioso: aumentos que suenan bien, efectos que se sienten mal y una economía que castiga, siempre, a los mismos.

El verdadero acto de valentía política no es subir el mínimo. Es dejar de usarlo como cortina de humo y empezar a construir un país donde subir los salarios no sea un acto de fe, sino una consecuencia natural del progreso real

@JuanDaEscobarC