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SAE ocupó bienes de un exjefe paramilitar vinculados al narcotráfico en Antioquia

De ganadero reconocido a objetivo de la SAE: 23 propiedades de un exjefe paramilitar fueron ocupadas por nexos con el narcotráfico.

Publicado por: Melissa Noreña

SAE ocupó bienes de un exjefe paramilitar vinculados al narcotráfico en Antioquia
Foto de cortesía.
SAE ocupó bienes de un exjefe paramilitar vinculados al narcotráfico en Antioquia

Resumen: La SAE ocupó 23 bienes de un exjefe paramilitar vinculados al narcotráfico, avaluados en más de $5.000 millones, ubicados en Antioquia, Córdoba y Sucre.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió la administración de 23 bienes que, según las investigaciones, habrían sido adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico y el paramilitarismo.

El avalúo total supera los $5.000 millones y las propiedades están distribuidas entre Antioquia, Córdoba y Sucre.

De acuerdo con el reporte oficial, los inmuebles están vinculados a Francisco Javier Piedrahita, exintegrante desmovilizado del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

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Entre los bienes incautados hay fincas, lotes urbanos, apartamentos, parqueaderos y depósitos, los cuales, presuntamente, fueron obtenidos mediante maniobras para ocultar su origen ilícito, incluyendo el uso de testaferros y transferencias a familiares.

SAE avanza en la recuperación de bienes ilícitos

Piedrahita, quien fue reconocido ganadero en Córdoba y Sucre durante las décadas de los 80 y 90, fue señalado por las autoridades como socio de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. También habría fundado la Convivir Nuevo Amanecer, desde donde se coordinaban acciones con grupos armados ilegales.

Aunque se desmovilizó en 2006, las autoridades detectaron un incremento patrimonial injustificado y movimientos financieros que no coincidían con sus ingresos declarados.

Con esta ocupación, la SAE busca evitar que los bienes sigan generando rentas ilícitas y garantizar que puedan ser destinados a fines sociales o de reparación a las víctimas.

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