
Planta térmica de Puerto Libertador. Archivo. Cortesía panoramadelsanjorge.com.co
Un hallazgo fiscal por por $97.602 millones en Gecelca fue revelado este martes por la Contraloría General de la República. Este se presentó debido al lucro cesante que dejó de percibir la comercializadora y generadora de energía por cuenta de los incumplimientos en que incurrió el contratista chino Consorcio CUC-DTC, China United Corporation y Dongfang Turbine Co. Ltda, durante la ejecución de obras de ingeniería en la planta térmica de Puerto Libertador.
Para la CGR, los atrasos en la construcción de la unidad de generación con base en carbón “se debieron a que el contratista no la entregó en el plazo máximo establecido contractualmente, convirtiéndose en un perjuicio para la operación de la generadora”.
A través de un comunicado, el ente de control fiscal señaló que desde el inicio de las obras hubo alusiones a los retrasos, que obedecieron a factores “atribuibles exclusivamente al contratista”, relacionados con problemas de logística, la falta de personal especializado, así como la disponibilidad de maquinaria y herramientas adecuadas.
“Para la Contraloría no existe duda que por parte del consorcio, en su calidad de contratista no cumplió con las obligaciones, términos y condiciones pactados en el contrato firmado en 2010 y el otro sí del 2013, de conformidad con lo señalado por la firma interventora, circunstancia que acarreó con la entrada tardía en operación comercial de la Central Térmica Gecelca 3”, indicó el órgano de control.
La unidad de generación fue declarada en operación comercial el día 17 de septiembre de 2015. Sin embargo, de acuerdo con la fecha del plazo de entrega, esta debió entrar en operación comercial el 20 de julio de 2013.
Además, la Contraloría explicó que paros laborales de los subcontratistas de obras civiles, programas de trabajos incompletos y sin secuencia lógicas en el enlace de las tareas, entre otros, ocasionaron los retrasos de la puesta en operación de la Planta.
Así las cosas, la CGR concluyó que el retraso “ha traído como consecuencia un daño patrimonial al estado en la cuantía de $97.602 millones, representado en el no ingreso de la utilidad esperada” con la operación de la Planta.
Por su parte, la Gecelca aplicó una multa de apremio por US$10,5 millones, ante el incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.
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