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Opinión

¿Vale la pena rescatar a las aerolíneas?

Publicado

el

Nicolas P%C3%A9rez Con%C3%A9ctate

Sin aviación no puede subsistir el País. Es así de sencillo. No solamente por los 600.000 empleos directos e indirectos que genera esta industria, sino porque el servicio que presta es esencial para mantener viva la inversión, el turismo y los negocios.

Tan es así que, por ejemplo, el año pasado 41.2 millones de personas se movilizaron por los aeropuertos colombianos. 27.9 millones en rutas nacionales y 14.1 millones en conexiones internacionales. Lo que significó un incremento del 9.1% respecto del 2018 que hizo posible que la inversión extranjera aumentara un 25% frente al 2018 y que Colombia tuviera la cifra más alta de turistas de toda su historia: 4.5 millones de personas.

Sin embargo, como es bien sabido las cuarentenas y la propagación del coronavirus han puesto en jaque a la industria del transporte aéreo. En total, la IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, calcula que este sector perderá $314 billones de dólares durante el 2020 a nivel mundial, una caída del 55% frente al 2019. Por eso, de manera unísona todas las aerolíneas están solicitando rescates económicos a sus respectivos países.

Nada más por mencionar un caso, dentro del plan de recuperación económica de $2 trillones de dólares que se puso en marcha en Estados Unidos se destinaron $25 billones para proteger a sus aerolíneas. Eso sí, condicionándolas a no desmejorar las condiciones salariales de sus trabajadores. Por nuestra parte, en Colombia nos enfrentemos a un gran cuestionamiento:

¿Debe el Gobierno rescatar a las aerolíneas?

La respuesta a esta pregunta tiene varias aristas. En primer lugar, más que salir a proteger a una aerolínea en particular, la prioridad del Gobierno debe ser garantizar la subsistencia del transporte aéreo en el País con el menor riesgo posible. Este es un servicio esencial sin el cual es imposible pensar en una reactivación económica a mediano plazo.

En segundo lugar, el eventual rescate financiero no puede operar como un cheque en blanco a favor de las compañías de transporte. De darse, debe estar absolutamente condicionado a proteger los 71.000 empleos directos que genera la industria y a mantener viva la operación.

Bajo ninguna circunstancia los recursos de los contribuyentes pueden terminar cancelando las deudas de las aerolíneas con sus acreedores. Ello implicaría, sencillamente, regalarle dineros públicos a los bancos sin que con ello se garantice el futuro de la aviación en el País.

En tercer lugar, los recursos que se llegasen a entregar deben destinarse exclusivamente a sostener la operación dentro de Colombia. Es decir, no se puede permitir que con el eventual auxilio económico se mantengan inversiones de las empresas en otras naciones como Brasil, Chile o Perú. La prioridad en este momento es cubrir las necesidades locales de conectividad aérea.

En cuarto lugar, el Gobierno no puede entregar recursos sin tener una garantía a cambio. Me explico: el rescate financiero a las aerolíneas es demasiado costoso. Por ejemplo, los $300 millones de dólares que está solicitando Avianca implican $1.2 billones de pesos. Con este dinero, podríamos financiar el 23% de las nóminas de las MiPymes del País, las cuales cuestan en total $5.2 billones para sostener 5.7 millones de empleos con salario mínimo.

Por eso, una operación financiera de esta naturaleza exige una contraprestación clara que proteja los recursos de los colombianos. En Alemania, por mencionar otro caso, se está llevando a cabo una negociación donde el Estado le inyectaría $10.000 millones de euros a Lufthansa a cambio del 25.1% de sus acciones.

Solamente tomando estas precauciones es viable contemplar un rescate del transporte aéreo en Colombia. No es posible que a un par de compañías se les destinen, sin condiciones, más recursos de los que se han inyectado a todos los demás sectores de la economía en esta crisis. Es obvio que el País necesita de este sector, pero una inversión de esta envergadura no se puede hacer con ingenuidad y asumiendo riesgos excesivos por parte de los contribuyentes.

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