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Remates judiciales honestos.com

Nicolas Perez 1200x720 1

¿A quién no le gustaría adquirir un apartamento, una casa o un carro al 70-80% del valor comercial de manera legal? Creo que no hay una sola persona que no le guste tremendo negocio. Es casi como un sueño hecho realidad que, desafortunadamente, es imposible de alcanzar para el grueso de los colombianos.

Sí, por duro que suene, el mercado de los remates judiciales, que debería ser abierto al público, está completamente cooptado por unas mafias a nivel nacional que deciden a su voluntad quién se queda con los bienes. Lógicamente, esta intermediación no es gratuita y genera unas rentabilidades tan altas que termina involucrando abogados, jueces, funcionarios de los despachos y compradores.

De hecho, es de tal magnitud la situación que en 2018 la Corporación Excelencia a la Justicia calificó a las mafias de los remates como uno de los principales casos de corrupción que afronta la Rama Judicial y a pesar que año tras año la Fiscalía captura a miembros de estas organizaciones, el problema está lejos de terminar.

Y la razón es muy sencilla. La normatividad que actualmente regula el desarrollo de los remates es obsoleta y ocasiona dos grandes situaciones: falta de publicidad y corrupción. Por un lado, para alguien que no sea abogado y no esté involucrado en el día a día de los despachos, es demasiado difícil saber qué bienes se están rematando y cómo presentar una oferta para adquirirlo.

Por ejemplo, en internet se encuentran infinidad de páginas que publican remates, pero no hay una plataforma respaldada por el Estado que garantice la seguridad de los mismos, lo cual se presta para todo tipo de engaños. Además, legalmente el requisito de la publicidad del proceso se cumple con un aviso en un periódico, algo que funcionaba hace 50 años, pero que actualmente solo le conviene a las mafias, dado que entre menos personas conozcan del remate más fácil es para las estructuras criminales garantizar que el oferente del bien sea alguien con quien tengan un acuerdo previo.

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Por otro lado, la Ley exige que los remates se tienen que llevar a cabo de forma presencial, lo cual es absolutamente perjudicial, toda vez que las mafias amedrentan a todo aquel externo a su red que quiera adquirir un bien y que se avizore como una amenaza para el negocio. Esta dinámica, cabe señalar, no es exclusiva de Colombia, sino que se ha presentado en la mayoría de países de la región.

Por eso, en las últimas semanas volví a radicar en el Congreso el proyecto de ley que crea el remate judicial electrónico y pone a la tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción a través de dos grandes mecanismos.

El primero, es que todos los remates que se lleven a cabo en el País deberán ser publicados en una única página web administrada por el Consejo Superior de la Judicatura. De esta forma, cualquier colombiano desde la comodidad de su casa podrá ingresar a una plataforma segura, gratuita y de fácil acceso donde encontrará el listado detallado de bienes que se están rematando en todas las ciudades. Algo tan práctico y sencillo como buscar un carro en tucarro.com o un apartamento en finca raíz o metro cuadrado.

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El segundo, es que a través del mismo aplicativo los ciudadanos presentarán las ofertas para adquirir los bienes y asistirán a las respectivas audiencias, las cuales serán transmitidas en vivo por ahí. Con esto, ya no será necesario ir presencialmente hasta el juzgado y exponerse a ser amenazado por las mafias, sino que será posible comprar ítems a un muy buen precio aprovechando las herramientas que nos brinda la tecnología.

Estas medidas, vale resaltar, ya se han implementado de manera exitosa desde hace varios años en España, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Alemania, Croacia, Portugal, Estonia e Italia, donde se logró acabar con las tediosas estructuras criminales que controlaban los remates gracias a estas dos sencillas pero contundentes herramientas.

En últimas, con este proyecto no se modifican las competencias de los jueces ni aspectos sustanciales del proceso. Simplemente se abre la posibilidad para que todas las personas tengan acceso real al mercado de los remates judiciales y puedan adquirir los bienes de manera segura. Algo que durante muchos años se ha anhelado, pero que hasta ahora se puede volver realidad.