Ante la inexistencia de elementos probatorios con los que buscaban suspender al registrador nacional de manera cautelar, y de cara a las elecciones presidenciales, el Tribunal de Cundinamarca aseguró que no es posible, y Alexander Vega podrá seguir en su cargo.
Dentro de los argumentos de la corporación se destaca la inexistencia de pruebas “especialmente, en el componente subjetivo de la conducta de violación o amenaza del derecho colectivo a la moralidad administrativa”.
Señala el tribunal: “(…) Resulta indispensable acreditar que el alto funcionario obró de mala fe o tuvo la intención de perseguir objetivos reprochables a la luz del ordenamiento jurídico electoral.
Este componente, necesario para aseverar la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, no se advierte en esta fase preliminar del proceso en relación con la conducta del registrador nacional del Estado Civil. Se trata de afirmaciones formuladas por dirigentes de la vida política nacional y por el actor popular, acerca de comportamientos irregulares del registrador nacional del Estado Civil.
Sin embargo, estas aseveraciones no encuentran respaldo probatorio, especialmente en el componente subjetivo de la conducta de la violación o amenaza del derecho colectivo a la moralidad administrativa”.
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El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, y el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, José Antonio de Gabriel, se reunieron en Bogotá para discutir el papel del organismo multilateral en las próximas elecciones presidenciales de 2022. pic.twitter.com/4jNbGYnKGt
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 6, 2022
Registrador deberá trabajar para que haya transparencia en las elecciones
Por otra parte, y en cumplimiento de su función constitucional, el tribunal conminó a la Registraduría Nacional del Estado Civil al cumplimiento de medidas que propendan al mejoramiento del proceso electoral, como también dispuso que se vinculen a la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea y la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos. Se trata de directrices ya incluidas en el plan de acción presentado y aprobado por las agrupaciones políticas participantes y en el plan de garantías electorales para las elecciones presidenciales.