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El material probatorio aportado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual -Caivas- de Cartagena, fue determinante para judicializar a una organización que estaría dedicada a la trata de personas.
A las personas las acusan además del constreñimiento a la prostitución y proxenetismo con menores de edad, que operaba en esa ciudad.
Labores investigativas, que incluyeron seguimiento a personas, agentes encubiertos y declaraciones testimoniales, permitieron evidenciar la existencia de la estructura delincuencial.
Según se supo, los delincuentes contactaban a mujeres con condiciones de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en los sectores del Centro Histórico, Bocagrande y la Bomba del Amparo, entre otros.
La organización exigía a las trabajadoras sexuales 50.000 pesos cada vez que deseaban ejercer su labor en esos lugares y se quedaban con el 50 por ciento de lo que cobraban a los clientes.
También se detectó que la red comercializaba con los potenciales clientes, en su mayoría turistas nacionales y extranjeros, la venta de estupefacientes.
El trabajo articulado entre la Fiscalía y la Policía Nacional permitió identificar a 13 de sus presuntos integrantes que fueron capturados en los barrios Torices, Centro Histórico, Bocagrande Daniel Lemaitre, Chambacú y en el municipio de Malambo (Atlántico).
Se trata de Josimar Enrique S. S., alias Plus; Estefanía L. T., alias Steffany; Carlos Mario G. Z., alias La Maura; César Augusto Z. B., alias Britanny o Hilary; Greimary Andrea T. G., alias La Mella; Greicimar Andreína T. G., alias La Mella; Walgner Rogers P. C., alias El Caleño; Diana Patricia B. P., alias La Negra; Alisandro S. F., alias El Menor; José del Carmen Á. G., Francisco José R. D. y Roberto Carlos E. C., alias El Tata quien ya se encontraba preso.
De acuerdo con sus presuntas responsabilidades individuales, la Fiscalía les imputó a los procesados los delitos de trata de personas, constreñimiento a la prostitución, proxenetismo, concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y falsedad personal, cargos que no fueron aceptados.
Un juez con función de control de garantías los envió a una cárcel.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.
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