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Resumen: La Procuraduría General de la Nación impugna el fallo que permite a Salvatore Mancuso permanecer en la JEP y recusa a siete magistrados. Argumenta que la JEP no garantiza la indemnización a las víctimas y que Mancuso debe responder en Justicia y Paz. Las víctimas se encuentran en un estado de desamparo mientras se resuelve el conflicto de competencias. La Procuraduría busca revocar el fallo y proteger los derechos de las víctimas.
La Procuraduría General de la Nación ha presentado una impugnación, recusando a siete magistrados que han intervenido en el proceso del exjefe paramilitar dentro de la JEP.
En respuesta al fallo de tutela que denegó la exclusión de Salvatore Mancuso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Además, la Procuraduría reiteró su solicitud para que Mancuso sea excluido de esa jurisdicción.
La recusación se fundamenta en la falta de imparcialidad de los magistrados para conocer y decidir sobre el recurso instaurado.
Esto dado que previamente han tenido conocimiento del proceso de aceptación de Mancuso.
Los siete magistrados recusados son Patricia Linares, Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa, Danilo Rojas, Jesús Angel Bobadilla y Adolfo Murillo.
La Procuraduría argumenta que su previo involucramiento compromete su objetividad e imparcialidad en el proceso de impugnación.
La impugnación también aborda la negativa de excluir a Mancuso de la JEP, subrayando el perjuicio causado a las víctimas acreditadas debido a la suspensión de varios procesos.
La Procuraduría destaca que mientras se resuelve el conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz.
Las víctimas se encuentran en una situación de desamparo.
Se argumenta que la JEP no garantiza la indemnización de las víctimas por parte de Mancuso, a diferencia del sistema de indemnización en Justicia y Paz.
La Procuraduría insiste en revocar el fallo de tutela que negó la exclusión de Mancuso de la JEP.
Argumentando que la resolución de esta jurisdicción aplica únicamente para un proceso y no para la totalidad de las investigaciones pendientes.
El objetivo principal de la tutela instaurada es resarcir el daño causado a las víctimas mientras se resuelve el conflicto de competencias entre las diferentes jurisdicciones.
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Comunicadora Social de la Universidad Católica de Oriente con énfasis en el desarrollo humano, apasionada por la radio, las letras y el periodismo judicial
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