¿Quiénes pagarán más impuestos?

Por: Nicolás Pérez

Quizás el gran error de la fallida reforma tributaria de abril era que para financiar una expansión en el gasto social le apuntaba a generar un mayor recaudo proveniente, en gran parte, de la clase media. Por eso ampliaba la base gravable del impuesto de renta de las personas naturales, tocaba las pensiones y extendía el IVA a los servicios públicos del estrato 3 y 4, a los computadores y celulares de gama media, entre otros.

Medidas que si bien es verdad puede que tengan respaldo técnico, eran completamente inviables desde el punto de vista social y político, dado que no era factible imponerles una carga tributaria adicional a los hogares que apenas se estaban recuperando de una pandemia que afectó su capacidad adquisitiva.

No en vano el rechazo a ese proyecto fue unánime y terminó generando la misma indignación que se vivió con el articulado original de la Ley de Financiamiento de 2018, cuando el exMinistro Carrasquilla pretendió erróneamente ponerle IVA a la canasta familiar.

Debido a esta situación, desde el Congreso fuimos enfáticos en señalar que la reforma debía ser financiada por los más pudientes, llamado al cual se unieron los principales gremios y empresarios del País. De hecho, el sector productivo acordó hacer un esfuerzo adicional para superar los alarmantes niveles de pobreza y estabilizar las finanzas públicas sin que se tocara a las personas naturales ni a la clase media.

Al fin y al cabo, es más rentable pagar un poco más de impuestos que abrir la puerta a una nueva ola de bloqueos y manifestaciones que le cuestan a Colombia $484.000 millones diarios. Como resultado, en la Ley de Inversión Social se adoptan tres grandes cambios en materia tributaria para las empresas.

Lea también
¿Cómo crecer con tanta informalidad?

En primer lugar, el impuesto de renta y el de industria y comercio -ICA- son dos de los impuestos más considerables que pagan las compañías. El primero, es un ingreso del Gobierno Nacional y el segundo funge como fuente de financiación de los municipios. Aunque tienen razones de ser distintas, lo cierto es que en la práctica terminan siendo muy parecidos, dado que mientras uno grava las utilidades, el otro se cobra por el hecho de adelantar una actividad comercial.

Por ello, en las reformas de 2018 y 2019 establecimos que las empresas podían descontar el 50% de lo que pagaban por ICA en sus respectivas declaraciones de renta y la idea era que ese porcentaje aumentara al 100% a partir de 2022. Un beneficio más que importante que le permite al sector privado tener más recursos disponibles para mejorar su cadena de producción de bienes y servicios.

Sin embargo, el primer acuerdo que se construyó entre los empresarios, el Gobierno y el Congreso para la Ley de Inversión Social es que el descuento del ICA se mantenga en el 50% y no pase al 100%. Una decisión que genera un recaudo de $3.9 billones anuales y que deja como está hoy en día uno de los incentivos más relevantes para la inversión.

En segundo lugar, con el objetivo de generar ingresos adicionales por $6.7 billones cada año, la Ley incrementa la tarifa del impuesto de renta de las personas jurídicas del 30% al 35% a partir de 2022. A pesar que esta es la acción más agresiva del proyecto, ese porcentaje sigue siendo inferior al que pagaban las empresas antes de 2018.

Lea también
Alegoría al otoño

No obstante, conscientes del impacto que genera esto en las micro y pequeñas compañías, una de las principales discusiones que estamos dando entre los ponentes de esta iniciativa es la posibilidad de establecer una tarifa diferencial de renta para estos actores o ampliar el monto de ingresos a partir del cual las personas jurídicas pueden acceder al régimen simple de tributación, el cual, recordemos, unifica el pago de los impuestos de renta, consumo e ICA y no se encuentra sujeto a la retención en la fuente.

En otras palabras, sin importar cuál de los dos caminos se escojan, lo relevante es que la tarifa del 35% de renta no se aplicará a las micro y pequeñas empresas, las cuales tendrán un tratamiento especial para proteger el emprendimiento y la generación de empleo.

Finalmente, la tercera medida consiste en extender de 2022 a 2025 la sobretasa de tres puntos al impuesto de renta que pagan las entidades financieras. Una decisión más que justa con la cual uno de los sectores con mayores utilidades del País aporta $475.000 millones para luchar contra la pobreza.

En últimas, con estos tres aportes adicionales del empresariado colombiano hacemos posible una Ley que necesita con urgencia el País sin tocar a la clase media, ni a las personas naturales, ni el IVA ni a los pensionados. Líneas rojas que trazamos y que el Ministro de Hacienda supo respetar para construir el gran acuerdo que está detrás de esta iniciativa.

Síguenos en:
Google Noticias Canal Telegram Canal Telegram