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    sábado 18 - enero 2020

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    ¿Que hay detrás del Acuerdo 300?


    El proyecto de acuerdo presentado por la actual administración municipal fue una iniciativa que dejó muchas dudas e incertidumbres a la ciudadanía, debido al futuro que puedan tener las Empresas Públicas de Medellín (E.P.M.) al hacer parte de un conglomerado público planteado por el alcalde Aníbal Gaviria Correa, conglomerado que pretende articular las 46 entidades que hoy hacen parte del Municipio de Medellín.

    Jaime Alberto Mejía Alvarán

    Las suspicacias e interrogantes que generó y generará esta propuesta son muchas, debido a la ambigüedad en la exposición de motivos presentado por el alcalde ante el Concejo Municipal, cabe preguntar, ¿por qué otra restructuración administrativa, en pleno año electoral? Es preciso señalar que al inicio de este gobierno mediante el Acuerdo 02 del 28 de febrero de 2012, de conformidad con el artículo tercero se le concedieron facultades pro-tempore al burgomaestre para crear, suprimir, fusionar, escindir, transformar y modificar las entidades descentralizadas de orden Municipal, fue así como aprovechando estas facultades se crearon seis vice-alcaldías y 527 nuevos cargos en la planta del municipio, generando unos gastos de funcionamiento que le cuestan a la ciudad más de 46.000 millones de pesos.

    Un interrogante que tal vez pocos se han hecho es, ¿qué se entiende por conglomerado público? Según declaraciones del alcalde “es una corriente mundial para el fortalecimiento institucional, que viene mucho más desde la  empresa privada de décadas atrás, pero que ahora tiene mucha fuerza en lo público para precisamente, generar un modelo de gestión pública mucho más eficiente y transparente”, es decir, ¿un Holding?

    El concepto 115-085357 de septiembre 17 de 2010 emitido por la Superintendencia de Sociedades, señala que por Holding se entiende “una organización que controla una serie de compañías que le garantizan un control sobre los diferentes factores de un mercado. (…) compañía que controla las actividades de otra empresa mediante la adquisición de todas sus acciones”. De acuerdo con este concepto, el cual está disfrazado mediante el sofisma de conglomerado público, una sola entidad controlará en total 46 entidades incluidas EPM y sus filiales, con activos por 57 billones de pesos, un patrimonio de 33,3 billones de pesos, el cual proviene de las empresas del Grupo E.P.M. Del conglomerado en mención harán parte el Metro, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la Agencia para la Cooperación Internacional, Metro-parques y el Medellín Convention & Visitors Bureau, entre otras. Es de anotar que de todas las firmas, 29 pertenecen directamente al Municipio y 17 con socios estratégicos.

    Todo lo anterior traduce que se creará una empresa matriz compuesta también por el sector privado, bien llamados socios estratégicos, para controlar en su totalidad los negocios y las actividades públicas de la administración municipal, incluidas las Empresas Públicas de Medellín, de ahí que el gerente de E.P.M. y de las otras entidades descentralizadas del Municipio, perderán su autonomía dado que pasarán a depender de dicha entidad matriz, ah, otra vice-alcaldía esta vez para las entidades descentralizadas, con el agravante que aquí estará inmerso el capital privado. Debe saberse que esta figura da la posibilidad de tener un régimen especial de contratación pública por fuera de la ley 80 de 1993, generando la posibilidad de regirse gran parte de sus actividades por el derecho privado.

    Señores concejales en sus hombros pesará la responsabilidad de haber abierto un boquete de inigualables proporciones, que indiscutiblemente conllevará a la privatización de las Empresas Públicas de Medellín y de muchas entidades públicas más. Al haber aprobado el acuerdo 300 permitieron que se desfiguren los principios constitucionales consagrados en los artículos  1° y 2° de la Constitución Política que proclama como fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…) mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Bajo el principio de un Estado social de derecho, organizado, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

    En conclusión, la actual administración pretende crear una nueva entidad matriz que agrupe y controle todas las demás entidades que hoy tiene el Municipio de Medellín con el argumento de que la ciudad la requiere para la implementación del acuerdo 48 de 2014 POT, improvisando un modelo que no tiene unidad de materia administrativa y generándole al municipio un desbordado incremento en el gasto público debido al aumento en la nómina de empleados producto de la creación de nuevas empresas. Sin lugar a dudas se repetirá el modelo de las ya conocidas vice-alcaldías que la ciudad para nada ha visto con buenos ojos debido a su poca efectividad y al excesivo incremento en la burocracia municipal. Cada vez la alcaldía está más lejos del ciudadano.



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