EPS ilegal

Una funcionaria de una facultad muy importante de la Universidad de Antioquia, tuvo la curiosidad de comunicarse con los realizadores de este portal para verificar la información que en días pasados se publicó sobre la EPS Savia Salud.

punto de vista appLa profesional, sostuvo que en conversación con un empleado de la Secretaría de Salud de Medellín, se habían hecho entender que la versión revelada era un asunto meramente político, y que además, no tenía que ver con la realidad.

Después del comentario hecho por la integrante de la Facultad de Salud Pública, tengo que aceptar que me empezó un aneurisma en la aorta que me hizo salir corriendo a conseguir más información que revelara que la EPS Savia Salud, no padece un resfriado, sino por el contrario, cáncer terminal.

Sobre la base de los documentos que logramos obtener a través de los derechos de petición que ha realizado el diputado de Antioquia, Adolfo León Palacio Sánchez, se revela que al 31 de julio de 2014 la EPS Savia Salud, de propiedad de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y su operador Comfama, afronta pérdidas por $74.800’000.000 (setenta y cuatro mil ochocientos millones de pesos). La situación financiera es tan lamentable que a junio las pérdidas alcanzaron los $71.000’000.000 (setenta y un mil millones de pesos), y en el sólo mes de julio alcanzó pérdidas de $3.800’000.000 (tres mil ochocientos millones de pesos).

El esfuerzo financiero de los socios para intentar cubrir los pésimos resultados de la entidad no ha sido suficiente. Pese a los aportes del Departamento y el Municipio, el patrimonio de la EPS sigue siendo negativo alcanzando los $-16.973’000.000 (menos dieciséis mil novecientos setenta y tres millones de pesos).

Lo más preocupante es que en la actualidad la EPS Savia Salud opera de manera ilegal y fraudulenta. El patrimonio mínimo exigido por la Ley que se requiere para operar es de $6.160’000.000 (seis mil ciento sesenta millones de pesos) y la EPS Savia Salud tiene, por el contrario, un saldo de pérdidas patrimoniales cercano a los de $17.000’000.000 (diecisiete mil millones de pesos), arrojando a julio de este año una suficiencia patrimonial negativa de $-23.133’000.000 (menos veintitrés mil ciento treinta y tres millones de pesos).

Habrá que preguntarle entonces a ese empleado de la Secretaría de Salud que tan políticas o no, son las cifras de la primera EPS pública del país contagiada por la enfermedad crónica que padece el Sistema Nacional en Salud que la tiene casi muerta…

Peligro pa’ pacientes

De acuerdo con el diputado de Antioquia, Adolfo León Palacio Sánchez, por la condición de solvencia, siniestralidad y patrimonio, la EPS Savia Salud representa un riesgo para los antioqueños que reciben la atención en salud en esta entidad.

Según el corporado el margen de solvencia se refiere al efectivo, a las cuentas que se tienen pendiente de cobro, menos lo que se debe a terceros. A julio de este año la EPS cuenta con $140.800’000.000 (ciento cuarenta mil ochocientos millones de pesos) pero sus deudas alcanzan los $222.035’000.000 (doscientos veintidós mil treinta y cinco millones de pesos), es decir, posee una solvencia negativa de $-81.140’000.000 (ochenta y un mil ciento cuarenta millones de pesos).

Por su parte y de acuerdo con las deudas pendientes que posee actualmente la EPS con Comfama, el documento firmado por la jefe de Cartera y Tesorería, Paula Quintero Arroyave revela que a la caja de compensación se le adeudan $1.067’000.000 (mil sesenta y siete millones de pesos) recursos en los que sobresalen los $931’000.000 (novecientos treinta y un millones de pesos) bajo el concepto de “deuda de alto costo pendiente de pagar a Comfama”.

Entre otras de las culebras que tiene Savia Salud se encuentran Metrosalud con $3.430’000.000 (tres mil cuatrocientos treinta millones de pesos), la Clínica Oftalmológica de Antioquia con $1.088’000.000 (mil ochenta y ocho millones de pesos); el Instituto de Cancerología con una deuda de $2.408’000.000 (dos mil cuatrocientos ocho millones de pesos); RTS.SAS (¿qué es eso?) con $2.599’000.000 (dos mil quinientos noventa y nueve millones de pesos); IPS Universitaria con $10.059’000.000 (diez mil cincuenta y nueve millones de pesos); la Fundación San Vicente de Paúl con $20.000’000.000 (veinte mil millones de pesos); el Hospital Pablo Tobón Uribe con un saldo de $11.616’000.000 (once mil seiscientos dieciséis millones de pesos); la Clínica Medellín con $9.876’000.000 (nueve mil ochocientos setenta y seis mil millones de pesos); y al Hospital General de Medellín con otros $12.012’000.000 (doce mil doce millones de pesos) entre otras entidades, que me imagino esperan les paguen su dinerito…

Pero hay más. Savia Salud tampoco cumple con el Índice de Siniestralidad, indicador que estipula y exige el Ministerio de la Protección Social a todas las EPS para que puedan funcionar. Ese indicador palabras más, palabras menos, es el costo vs beneficio entre la EPS y cada paciente. Es decir, el Ministerio les exige a las EPS permanecer en un índice de siniestralidad entre el 85% y 95% para que pueda prestar sus servicios.

Mientras una EPS invierte un 95% en el paciente, se espera que el enfermito retribuya con un 5%. El problema con Savia Salud es que durante el segundo trimestre de este año 2014, el índice de siniestralidad va en el 103,50%. Ver documento

Con todo derecho

Si algo está claro en el circo político es que quien quiera y sienta deseo puede aspirar a un cargo de elección popular. Todos tenemos el mismo derecho, pero de una aspiración a tener posibilidad hay mucho trecho. Se necesitan votos, plata, ideas, estrategia y ser demasiado encantador, carisma, como le sobra a Uribe, Luis Pérez y Fajardo, un trío de culebreros de los más impresionantes…

Desde las toldas de Partido Centro Democrático empezaron a soltar nombres para ver qué sucede. Ahora quieren vender el nombre de Juan Fernando Jaramillo Galvis como un posible aspirante a la Alcaldía de Medellín.

Argumentan desde el uribismo que algunos quieren lanzar a Juan Fernando a esa competencia electoral, pero la verdad sea dicha, entre el hijo de Don Jaime Jaramillo Panesso y Juan Carlos Vélez, es poco lo que hay por descubrir.

Juan Fernando Jaramillo Galvis es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana y profesor universitario. Es especialista en derecho público y análisis político. Fue cónsul de Colombia en Panamá donde tuvo un tremendo enredo que casi le cuesta el cargo y asesor del ex gobernador Luis Alfredo Ramos, entre otros cargos…

‘Luis Bernardo aspira’

No sabremos qué aspirará el concejal de Medellín por la ASI, Luis Bernardo Vélez Montoya, podría ser aire o algo más excitante. Lo cierto es que el Partido Alianza Social Independiente, propuso y avaló el nombre del médico como aspirante a la Alcaldía de Medellín.

La decisión se tomó durante la Asamblea General que se realizó este fin de semana y en la que participaron miembros y directivos nacionales, departamentales y locales.

El presidente de la ASI, Alonso Tobón afirmó que Luis Bernardo Vélez es un aspirante propio de las entrañas de la ASI, quien ha trabajado por lo social y desde su aspiración propondrá ideas nuevas y claras acordes a la realidad de la ciudad.

Afirmó también que por su compromiso, decencia, coherencia y sensibilidad social, la ASI otorgará el aval a Luis Bernardo Vélez Montoya, con el fin de que participe en las elecciones de octubre de 2015.

Con curul pero en silencio

El Juzgado Séptimo Penal del Circuito confirmó en segunda instancia los argumentos jurídicos que le permiten al concejal de Medellín José Nicolás Alfonso Duque Ossa continuar sentado, pero sin algunas garantías, en la curul de corporado.

El juez José Albeiro Trujillo Giraldo, argumentó en el fallo, entre otros aspectos, que a Lina Marcela Garcia Gañán no se le están violando sus derechos fundamentales puesto que en la normatividad vigente no existe artículo, clausula, inciso, agregado, aparte, pie de página o algo parecido, que exprese que la expulsión de un servidor público de su partido, signifique, además, la renuncia a su curul. Dice el juez, que Garcia Gañán, se refiere a un asunto netamente ético, del deber o no que tiene Duque Ossa en renunciar a su curul, que la Ley no contempla.

José Nicolás Alfonso fue expulsado del Partido de la U por apoyar la candidatura presidencial de Centro Democrático. La polémica se debió porque unos afirman que las curules son de los partidos políticos, argumento que pretendía obligar al Concejal a entregar la curul para Lina Garcia; pero los otros, sustentan que la curul pertenece al mismísimo servidor.

Duque Ossa perdió algunas garantías debido a que estas se encuentran en el Reglamento Orgánico del Concejo que se basa a su vez en la Ley de Bancadas Políticas y al corporado no se le reconoce como bancada por parte de la Mesa Directiva.

En otras palabras, Nicolás sigue en las mismas, con curul pero sin partido, sin bancada, no puede votar proyectos de acuerdo, ni hablar en debates, ni hacer citaciones, ni tampoco presentar proposiciones en plenaria. Está limitado únicamente a realizar comentarios sobre algunos temas puntuales en asuntos varios.

Próxima protesta

Bastante cuestionada se encuentra la diputada, Ángela María Cano por los enredos financieros que tiene al parecer por el incumplimiento en la entrega de varios proyectos de vivienda de interés prioritario en diferentes municipios de Antioquia, como Frontino, Amagá y Ciudad Bolívar.

A la política, que afronta varias denuncias por estafa, representantes de la comunidad del municipio de Ciudad Bolívar, liderados por un sacerdote, le preparan un plantón para el día menos pensado, con el fin de hacerse sentir frente a los incumplimientos empresariales por parte de la diputada liberal.

La comunidad de Ciudad Bolívar, municipio del suroeste de Antioquia, argumentan que Cano se embolsilló los recursos que la comunidad aportó para un proyecto de vivienda que se ha entregado a medias.

 

Boto el voto

Por: @adolfospina

Artículo 258 (C.P.C). El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. (S.N)

“Viste Marce, les tocó obligar a votar, son unos sinvergüenzas. Qué indignación”. Fue el mensaje que por teléfono móvil le puse a mi gran amiga Marcela el viernes en la madrugada, cuando al prender el radio transmisor me di cuenta de que la iniciativa presentada por Horacio Serpa y Viviane Morales, del contradictorio partido liberal, y el camaleónico Roy Barrera (no sé de qué partido) para imponer el voto obligatorio, había sido acogida por la comisión primera del Senado en donde se daba el primer debate a la tan criticada reforma política llamada “equilibrio de poderes” y de la cual el fiscal general de la nación Eduardo Montealegre, “aseguró que casi 30 años después de la toma del Palacio de Justicia, el Congreso pretende que se repita la afrenta a la Rama Judicial que protagonizaron guerrilleros y militares, con “una reforma que desequilibra las ramas del Poder Público”.

Con Marcela le habíamos dado muchas vueltas al asunto del abstencionismo: que para qué; que si no es mejor el voto en blanco; que en nada afecta la abstención… llegando a la conclusión de que abstenerse de votar es mostrar la inconformidad con el sistema o con el proceso o con los dos, y que esto debería tener repercusiones de legitimidad o no en los elegidos. De hecho, la Corte Constitucional ha manifestado en su jurisprudencia (sentencia C-224 de 2004 MP. Rodrigo Escobar Gil) que la abstención tiene relevancia jurídica “se aprecia en la posibilidad que se otorga a los ciudadanos de no votar el mecanismo de participación puesto a su consideración, a la manera de una estrategia política de oposición, cuyo propósito y finalidad es impedir que se llegue al umbral que la propia Constitución Política o la Ley Estatutaria imponen para alcanzar la validez del evento de participación”.

La obligatoriedad del voto es un acto completamente contradictorio con uno de los principios básicos de la democracia: La libertad. Modificar la Constitución Política de Colombia para obligar a que los ciudadanos, so pena de castigo (como funciona la ley en este país), ejerzan el “deber” del voto no es más que una sinvergüencería de algunos congresistas y políticos en general que ven como su legitimidad, su credibilidad y de convocatoria día a día son más diezmadas.

No es claro cómo obligar a votar puede en un momento determinado ayudar a ponerle alto a la corrupción del sistema electoral colombiano. Si ese fuera el real objetivo de tal reforma, debería buscarse dar dientes al sistema judicial y al mismo legislativo para castigar a los individuos que compran votos, que todos sabemos quiénes son, dónde y cómo lo hacen y a los que nunca les pasa nada diferente que esperar a las próximas elecciones para activar su maquinaria politiquera.

Pero lo peor no es eso. Lo más indignante de las razones que apoyan la reforma al artículo 258 de la CPC radica en hacernos creer que obligando a los colombianos a votar estaremos fortaleciendo el sistema de gobierno que impera en Colombia. Verdad a medias, los países donde más se vota no tienen un sistema democrático más fuerte, por ejemplo en Cuba y Venezuela, la participación electoral supera el 90 y 80% respectivamente y dicen los guardianes de la democracia (incluyendo Senadores colombianos) que en esos países no existe.

Pareciera que detrás de ese argumento lo que se deja entrever es una maquiavélica condición conceptual de muchos de los dirigentes colombianos, pues para ellos la democracia consiste en que los elijan, y por bastantes votos, sin importarles los verdaderos cimientos de ese sistema político tan insipiente en Colombia.

Con este tipo de propuestas han mostrado su incapacidad de convencer desde lo ideológico, lo político, lo programático y el resultado poco productivo de los inanes incentivos ofrecidos a los votantes como el derecho a media jornada laboral, los descuentos en los costos de las matrículas en las universidades públicas entre otros, así mismo demuestran su falta de interés en motivar a los votantes a ejercer ese derecho sin más obstáculos que la convicción personal.

Tampoco es exactamente real que obligar a los ciudadanos a votar aumente el conocimiento del sistema, (quieren mostrar la intención pedagógica de la reforma). Chile, país del que hemos copiado absolutamente todo, gran parte del modelo económico y educativo colombiano están basados y estructurados a partir de los de ese país, hizo la reforma de manera inversa: pasó del voto obligatorio al voluntario, mostrando como resultado una ostensible baja en el porcentaje de votantes lo que desvirtúa otra falsa realidad.

Qué tristeza que los dirigentes colombianos endeudados históricamente con el país sólo piensen en mantener la barca en el mismo remolino en el que por más de doscientos años la han tenido, incluso que pretendan modificar de manera auto conveniente la carta de navegación para evitarnos salir de allí.

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Redacción Minuto30

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