Resumen: La Ceja prohíbe el uso y porte de vapeadores en entornos educativos para proteger la salud de los estudiantes. La medida fue anunciada por la alcaldesa María Ilbed Santa Santa durante el Comité de Rectores.
La alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa Santa, decretó la prohibición del uso de vapeadores en las instituciones educativas.
El nuevo decreto fue firmado durante el Comité de Rectores de instituciones públicas y privadas del municipio. Esta medida tiene como fin, cuidar y proteger a los menores de edad que estarían expuestos al consumo de estos elementos y podrían en riesgo su salud respiratoria, cardiovascular y neuronal.
“Queremos cuidar la salud física de nuestros niños, niñas y adolescentes, que los ambientes de aprendizaje sean entornos de protección. Agradecemos a los Rectores que se unen a esta medida y van a incorporar en los Manuales de Convivencia la prohibición”, explicó Santa.
Esta nueva medida prohíbe el uso y porte de vapeadores en entornos educativos
Así como la distribución, comercialización, porte, préstamo, alquiler, tenencia y consumo de otros productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento.
Ente estos, se encuentran los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), los Productos de Tabaco Calentado (PTC) y Productos de Nicotina Oral (PNO), entre otros similares.
Por su parte, el Rector de la Institución Educativa Rural, Francisco María Cardona, Victor Hugo, destacó la importancia de esta nueva medida.
“Para las instituciones educativas es muy importante el agrupar, en una medida del municipio, todo lo referente a los vapeadores, un flagelo que se necesitaba intervenir”.
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Las autoridades tendrán la potestad de reportar a las instituciones a los menores que sean vistos consumiendo o portando estos elementos en instalaciones educativas.
“En caso de ser necesario, se determinará el acompañamiento de la Comisaría de Familia para determinar si hay lugar a iniciar un proceso de restablecimiento de derechos y/o sanción pecuniaria”, se lee en un comunicado de la alcaldía.
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