
Foto: Caracol Radio
Minuto30.com-. La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al alcalde de Bucaramanga y los mandatarios locales de 15 municipios de Santander, para que implementen un plan de contingencia ante el cierre de operaciones del relleno sanitario El Carrasco y la eventualidad de una emergencia sanitaria y ambiental.
“El plan deberá garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de aseo, para así evitar consecuencias de orden sanitario y ambiental que vulneren los derechos a la salud, la vida y al goce de un ambiente sano”, indicó la Procuraduría.
El Ministerio Público exhortó a los mandatarios territoriales de la capital de Santander, del Área Metropolitana de Bucaramanga (Floridablanca, Girón y Piedecuesta), de Lebrija, Rionegro, Playón, Charta, Suratá, Bertulia, Santa Barbara, California, Matanza, Los Santos, Tona y Zapatoca, a darle cumplimiento al mandato del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga que ordenó que “antes del 31 de enero 2019, inclusive, se dé cumplimiento estricto a la sentencia y se materialice de forma inmediata el cierre definitivo del sitio de disposición final El Carrasco”.
El órgano de control solicitó al operador del relleno, que de manera inmediata, lleve a cabo un cierre técnico del sitio de disposición final con el fin de evitar los impactos de carácter sanitario y ambiental, y pidió a alcaldes municipales, a autoridades ambientales y a la Empresa de Aseo de Bucaramanga acciones “para garantizar el goce del derecho a un ambiente sano de los ciudadanos”.
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Así mismo, la Procuraduría conminó a los mandatarios locales a implementar el plan de emergencia y contingencia pertinente.
Tres días tendrán las administraciones locales para enviar a la Procuraduría General el Plan de Emergencia y Contingencia y el informe de las acciones adelantadas o copia de las actuaciones llevabas a cabo para darle una solución definitiva a la disposición final de residuos sólidos ordinarios.
El Ministerio Público advirtió que de no ponerse en marcha de manera inmediata las acciones para la disposición final de residuos, “los habitantes de Bucaramanga y de los 15 municipios beneficiarios del relleno se verían amenazados por graves consecuencias sanitarias y ambientales”.
El órgano de control recordó que “la imprevisión, omisión y falta de planeación de los servidores que tienen el deber funcional, legal y constitucional de garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios podría tener implicaciones disciplinarias”.
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