El Gobierno del Presidente de la República, Gustavo Petro, está corriendo el riesgo de ver caer la ley que permite el desarrollo de las tareas de la ‘Paz Total’.
A juicio del Ministerio Público, la Ley 2272 de 2022 “por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 2002”, vicios de trámite y violación de derechos de la víctimas.
La petición de la Procuraduría se da en el marco del estudio que hace la Corte Constitucional a una demanda interpuesta contra la mencionada ley.
En materia de la forma, para la Procuraduría existe un vicio que provoca la nulidad del procedimiento legislativo cuando se agregaron artículos luego que se surtieran debates en la comisión primera, lo que imposibilitó a los congresistas el poder debatirlos.
La Procuraduría indicó que “se llama la atención sobre el hecho de que el vicio originado por la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal durante la deliberación de las cámaras”.
A juicio de la Procuradora Cabello, ese hecho “constituye un yerro que no solo afecta a las disposiciones acusadas, sino que se proyecta sobre todo el articulado de la Ley 2272 de 2022, en tanto sus disposiciones están orientadas a la seguridad y el orden público”.
En ese sentido, basado en los argumentos de la demanda y posiciones como las del ministerio público, la Corte Constitucional deberá establecer si declara o no la inexequibilidad de la ley.
