Resumen: La interventoría de los contratos de alimentación ha detectado múltiples fallas en los citados Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON)
La Procuraduría General de la Nación presentó un informe preventivo con posible incidencia disciplinaria, fiscal y penal, sobre la contratación del servicio de alimentación en los centros penitenciarios El Pedregal (Medellín) y el COCUC (Cúcuta), donde se evidencian incumplimientos reiterados que presuntamente vulnerarían derechos humanos en materia de alimentación en conexidad con el derecho a la salud.
La interventoría de los contratos de alimentación ha detectado múltiples fallas en los citados Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), relacionados con la calidad, cantidad, tiempos de entrega y condiciones sanitarias de los alimentos suministrados, una situación que impacta negativamente la salud física y mental de las más de 7.000 Personas Privadas de la Libertad (PPL).
El Ministerio Público corrió traslado del informe preventivo a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y al eje disciplinario de la Procuraduría, con quienes trabaja articuladamente para aunar esfuerzos frente a las deficiencias en la alimentación, un servicio público esencial que debe prestarse con calidad, oportunidad y suficiencia.
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