Tras distintas inspecciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, se confirmó la denuncia que vienen presentando reclusos y familiares respecto a las condiciones en las que se encuentran las personas en estos centros transitorios de detención en Santa Marta.
La inspección liderada por el ministerio público para verificar las condiciones del Centro de Traslado por Protección 1 y 2 de Santa Marta.
Centro que es destinado a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en calidad de indiciadas.
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Por su parte, la Procuraduría en un comunicado de prensa alertó sobre serias irregularidades presentes, las cuales amenazan con la integridad de los reclusos, uniformados y visitantes.
¿Cuáles son las irregularidades?
En la visita, se descubrió que las visitas familiares, en las cuales acceden menores de edad, tienen que compartir espacio con visitas conyugales.
La anterior coincidencia de tiempo y espacio es perjudicial, ya que los reclusos mantienen relaciones sexuales.
Foto tomada por la Procuraduría
Foto tomada por la Procuraduría
Cabe destacar que también se evidenció falta de bioseguridad para los uniformados del centro transitorio.
Lo cual expone a los encargados de vigilancia a riesgos innecesarios.
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Además, este centro es diseñado para unas 250 personas reclusas, excediendo su monto en 258 que se encuentran hasta la fecha.
Lo cual deja una clara evidencia del hacinamiento en el que se encuentran.
“La escasez de agua en los inodoros del nivel superior genera condiciones insalubres y riesgos de enfermedades”, afirma la Procuraduría.
Por otra parte, se detectaron casos de PPL con VIH y otras enfermedades sin la debida atención médica antes de nuevos ingresos.
Este problema amenaza potencialmente a la comunidad carcelaria.
¿Cómo es la alimentación del lugar?
En cuanto a la alimentación, se hallaron deficiencias y quejas sobre su calidad.
“La falta de implementos en la cocina obliga a permitir el ingreso de objetos peligrosos(…)”
Concluyó el ministerio público, “entre los cuales se encuentran cuchillos y tenedores, que podrían utilizarse como armas”
Finalmente, la Procuraduría Regional de Magdalena convocó una mesa de seguimiento con la participación de entidades como la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Personería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía e Inpec.
En busca de soluciones inmediatas para abordar la crisis en el centro penitenciario.
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