Resumen: "El rector de la Escuela Normal Distrital María Montessori en Bogotá está siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación por presunto acoso escolar que involucraría golpizas y abuso a un estudiante. La investigación también involucra a otros cuatro funcionarios del colegio, incluyendo docentes y orientador. Se examina si se tomaron las medidas adecuadas para proteger al menor y si se siguieron los protocolos establecidos para estos casos."
El rector de la Escuela Normal Distrital María Montessori, Andrés Alonso Hortua, está siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación debido a un grave episodio de acoso escolar que habría involucrado a un estudiante menor de edad. La investigación se centra en posibles agresiones físicas, golpizas y abuso sexual que el niño habría sufrido en el establecimiento educativo ubicado en el sur de Bogotá.
La Procuraduría está evaluando si Hortua y otros funcionarios del colegio, incluyendo a la docente coordinadora Ingrid Lissette Albarracín Tunjo, y a los docentes de básica primaria Karen Alexandra Cetina Silva y Elga Sánchez Aponte, así como al orientador Ronald Jaramillo Palacio, cumplieron con los protocolos y medidas de protección establecidos para atender las denuncias sobre los episodios de acoso.
El Ministerio Público busca esclarecer si los servidores públicos involucrados evitaron o atendieron oportunamente la situación del menor al recibir la denuncia de su familia. La investigación también examina si se tomaron las acciones correctivas y de apoyo necesarias para proteger al estudiante y abordar las denuncias de manera adecuada.
La Escuela Normal Distrital María Montessori es un colegio público con un enfoque en la formación de docentes. La situación ha generado preocupación en la comunidad educativa y entre los padres de familia, quienes exigen respuestas y medidas contundentes para prevenir y abordar el acoso escolar.
Para denunciar casos de acoso escolar en Colombia, el Ministerio de Justicia recomienda tres vías: informar a los docentes y directivos del colegio, acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de las Defensorías de Familia o Comisarías de Familia, o buscar el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia en caso de amenazas o agresiones físicas.
La Procuraduría continúa con la investigación para determinar las responsabilidades y asegurar que se tomen las medidas adecuadas para proteger a los estudiantes y garantizar un entorno educativo seguro.
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