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Por omitir los trámites necesarios para hacer efectiva la póliza de cumplimiento pactada dentro de un contrato de consultoría, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional Antioquia, confirmó la suspensión por el término de tres meses a la señora María Celia Román Quintero, en su condición de alcaldesa del municipio de Santa Bárbara (Antioquia) para el periodo 2008-2011.
El órgano de control estableció que la disciplinada invirtió recursos del municipio en un proyecto de titulación de 800 predios ubicados en Santa Bárbara, para lo cual suscribió un contrato de consultoría que el contratista incumplió, sin que la administración municipal ejerciera la correspondiente vigilancia para evitar el vencimiento de las pólizas de cumplimiento y, por ende, el detrimento del patrimonio público.
Tras demostrar que la exmandataria municipal no protegió los derechos de la entidad que representaba ni procuró la indemnización de los perjuicios a que había lugar en aras de lograr los fines de la contratación estatal, el organismo de control calificó la falta de la disciplinada como grave cometida a título de culpa grave.
La sanción impuesta a la señora Román Quintero podrá convertirse en multa equivalente a los salarios percibidos en el momento de la comisión de la falta, en el evento de encontrase separada del cargo, conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley 734 de 2002.
Finalmente la Procuraduría Regional de Antioquia compulsó copias a la Procuraduría Provincial de Amagá para que investigue la conducta del señor William Antonio Quintana Upegui, en su condición de secretario de Gobierno e interventor del contrato de consultoría, dado que en el curso de esta investigación no se evidenció ninguna labor de seguimiento y control a la ejecución del cuestionado contrato.
Contra esta decisión proferida en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Amagá y confirmada por la Procuraduría Regional de Antioquia, no procede ningún recurso.
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