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La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Superior de Riohacha no acoger la petición del gobierno de prorrogar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó la protección a los niños y niñas Wayúu.
El Ministerio Público llamó la atención sobre el argumento del gobierno de necesitar un tiempo adicional para divulgar y comunicar la sentencia y concertar el plan de acción, por cuanto este razonamiento ya fue “utilizado, entre otros, para la prórroga otorgada el 8 de marzo de 2019”.
“No es justificable que un año después de notificada la sentencia, se plantee hasta ahora su divulgación, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación, en repetidas ocasiones y por diferentes medios le solicitó al Ministerio del Interior y al DAPRE la oportuna realización de esta actividad”, aseguró la Procuraduría.
El Ministerio Público enfatizó que, aunque el gobierno afirma que existe un plan de acción con enfoque de derechos, este fue construido por las entidades responsables de manera independiente, sin la coordinación previa exigida por la Corte al Departamento Administrativo de la Presidencia.
La Procuraduría solicitó inadmitir la prórroga hasta tanto se establezca un cronograma inmediato y perentorio de cumplimiento, con verificación sobre el estado de la implementación de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.
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