Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de permitir que el sector privado participe en el proceso de vacunación. Desde una eventual alza en el costo de las dosis hasta una peligrosa competencia con la infraestructura pública han sido algunas de las preocupaciones más frecuentes. Sin embargo, por fin, después de largas discusiones, parece que se aclara el camino para que las empresas ayuden en este propósito nacional.

Ante todo, comencemos con una necesaria contextualización. Desde que las grandes farmacéuticas empezaron a producir la vacuna contra el Covid los Gobiernos han sido los únicos actores autorizados para su compra. De hecho, la competencia para adquirir las dosis se ha dado a nivel global entre Estados, lo cual llevó a que las Naciones con mayor músculo económico acapararan los primeros lotes y relegaran a la fila de espera a la gran mayoría de Países.

Por eso, aunque el sector privado tuviera toda la disposición de colaborar, las condiciones del mercado hasta hace poco tiempo no contemplaban tal posibilidad, más aún cuando, por un lado, las compras centralizadas en cabeza de los Estados permitían adelantar una negociación con mejores costos y, por otro lado, la capacidad de producción de las farmacéuticas estaba al límite.

No obstante, tras casi seis meses de iniciada la comercialización global del fármaco el contexto ha venido cambiando y ya es posible pensar que en el corto plazo los privados podrán adquirir la vacuna. Por eso, tras escuchar el llamado de los gremios y varios sectores políticos el Ministerio de Salud publicó esta semana el proyecto de Resolución que abre definitivamente la puerta para que los empresarios puedan vacunar, lo cual se daría bajo las siguientes reglas.

En primer lugar, los privados asumirían todos los costos de adquisición, importación y distribución de las dosis. En segundo lugar, los empresarios que decidan hacerlo deberían apalancarse en una red de salud distinta a la que está utilizando el Plan Nacional de Vacunación.

Esto quiere decir que los lugares de almacenamiento, distribución y aplicación del fármaco, junto con el personal de salud, no pueden ser los mismos que se están usando actualmente para inmunizar a la población. La idea de esto, es evitar que el sector privado entre a competir por los mismos recursos físicos y humanos que dispone la red de atención diseñada por el Ministerio de Salud. Por el contrario, se debe buscar que se complementen.

En tercer lugar, y este es el punto más importante, las vacunas que adquieran los empresarios no se podrían comercializar, sino que deberían ser aplicadas gratuitamente a la población. Aunque esta medida permitiría que las compañías inmunicen a sus empleados, considero que no se tendría que cerrar definitivamente la puerta a la venta de las dosis.

En especial, porque la principal prioridad que tiene hoy en día el País es vacunar a la población para poder reactivar la economía, aumentar el recaudo, disminuir el endeudamiento y proteger millones de empleos que quedan en el aire con las restricciones a la movilidad. Y claramente, una distribución del fármaco con fines comerciales facilitaría que tal propósito se logre con mayor celeridad.

Ahora bien, esto no quiere decir que se afecte el Plan de Vacunación público y gratuito, sino que podemos sumar esfuerzos para llegar lo más rápido posible a ese 70% de la población inmunizada. Además, si alguien tiene la capacidad económica para adquirir las dosis, no se le debería negar la posibilidad de hacerlo, al igual que sucede con las otras vacunas que hoy existen para enfermedades como el sarampión, la varicela, etc.

Lejos de ser una competencia entre el sector público y el privado, la verdadera carrera es contra el tiempo.

En cuarto lugar, consecuencia del marco legal existente los privados deberían adquirir las dosis al mismo precio que lo hizo el Gobierno. Finalmente, la aplicación de las vacunas tendría que respetar el cronograma contemplado en el Plan Nacional de Vacunación, lo cual implica que a partir del segundo semestre de este año, cuando inicie la segunda fase, sería posible este escenario.

Lo anterior, dado que el Ministerio no quiere que se afecte la inmunización de grupos priorizados como adultos mayores o personal del sector salud. En últimas, esto significa que el apoyo de los empresarios se concretaría para las etapas cuatro y cinco del Plan que agrupan a 22.8 millones de colombianos.

Ojalá que el Gobierno Nacional tenga en cuenta las sugerencias que le hemos hecho los congresistas y los diferentes gremios y expida lo antes posible la Resolución definitiva. Si bien el inicio del Plan ha permitido vacunar a tres millones de personas antes de los primeros dos meses, no podemos esperar hasta fin de año para conseguir la inmunidad de rebaño. Hay que sumar todos los esfuerzos para lograrlo lo antes posible al País.

La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com
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Redacción Minuto30

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