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Prisión domiciliaria para exsecretaria de planeación de Santafé de Antioquia por presunta corrupción

A Olga Astrid Parra Marín, ex secretaria de Planeación del municipio de Santafé de Antioquia, un juez de control de garantías de Medellín le impuso medida de aseguramiento de carácter domiciliario por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. La exfuncionaria podría  enfrentar cargos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de […]

Publicado por: Minuto30.com

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A Olga Astrid Parra Marín, ex secretaria de Planeación del municipio de Santafé de Antioquia, un juez de control de garantías de Medellín le impuso medida de aseguramiento de carácter domiciliario por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. La exfuncionaria podría  enfrentar cargos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por acción.

Parra Marín, de 53 años de edad, fue capturada por el CTI en Medellín el pasado 11 de octubre.

La investigación contra la mujer, que no se allanó a cargos, está relacionada por presuntas irregularidades en la compra de un lote para la construcción de un parqueadero que permitiría descongestionar el centro de la población y solucionar problemas en la movilidad.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia, en noviembre de 2012, el entonces mandatario municipal Guillermo León Rodriguez Vargas firmó un contrato para la compra de un predio en el sector La Barranca por valor de 1.450 millones de pesos.

El contratista de la obra fue Guiillermo Antonio Cantillo Vargas, detalló la Fiscalía en un comunicado.

El avalúo del terreno fue realizado por una perito particular y no por un especialista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), como lo exigió el Concejo Municipal.

Varios meses después y por solicitud de la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, se obtuvo un nuevo avalúo por parte de Igac, donde se estableció que el precio real del predio era de 727 millones de pesos.

En consecuencia, se determinó que hubo un detrimento patrimonial superior a los $722’000.000.

Además, la Fiscalía descubrió que antes de la firma del contrato no hubo estudios de factibilidad y conveniencia, que hubo costos excesivos y que la compra del predio no solucionó los problemas de movilidad.

Por este caso fueron asegurados también en su domicilio el exalcalde a Rodríguez Vargas, el ex contratista Cantillo Vargas y Beatriz Hernandez Paucar, perito avaluadora del predio.

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Redacción Minuto30

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